El próximo miércoles se cerrará la comisión de investigación sobre los expedientes de infracción urbanística presuntamente caducados. En esa sesión, se votarán las conclusiones y se confeccionará el dictamen de Secretaría definitivo, tras seis sesiones (desde mayo de 2018), de forma que la séptima cerrará una de las mayores polémicas municipales en este mandato. Hasta el momento, todos los grupos han elaborado un total de 117 conclusiones. La oposición estima que hubo «injerencias políticas» en la Gerencia de Urbanismo y que el alcalde, Francisco de la Torre, las conocía. El PP, por su parte, acusa a la oposición de «oportunismo político» y alaba la gestión de Francisco Pomares, edil de Ordenación del Territorio
El PSOE recuerda que «ha quedado plenamente acreditado y evidenciado que el propio alcalde era conocedor de las irregularidades que se estaban cometiendo en el proceder con expedientes urbanísticos de infracciones y en comportamientos impropios» en Disciplina, que este servicio se fue desmantelando y que la Justicia habrá de acreditar si, como dijeron los exresponsables de la Gerencia, se «llevaron a cabo acciones tendentes a modificar algunos expedientes administrativos». Habrá que acreditar en sede judicial si las injerencias políticas que se realizaron, explican, lo fueron para tener «un urbanismo a la carta» o «mirar para otro lado» y cree responsables políticos a De la Torre, Pomares y a la edil de Cruz de Humilladero, Teresa Porras, «señalada por los comparecientes como persona que incitaba a la prevaricación» en determinados expedientes.
Así, IU-MpG cree que entre 2006 y 2016 hubo 11.834 infracciones urbanísticas y constata la existencia de 1.000 expedientes caducados y más de 7.000 archivados sin investigar. De esas 11.834, Urbanismo sólo abrió en esa década más de 2.000 expedientes sancionadores, por los que el 70% está sin resolver (algunos con más de una década). Considera que existió una decisión de dejar morir los expedientes y para ello se desmanteló el Servicio de Inspección y se estableció «un procedimiento al margen de la ley» para que las carpetillas no pudieran seguir su normal tramitación sin ser previamente controladas por los concejales de distrito, que podían poner objeciones. Muchos caducaban también «por la falta de impulso por el retraso de la firma» de Pomares. Esa decisión arguyen, fue tomada por él, seguido en sus acciones por el gerente de Urbanismo, José Cardador. «Estas injerencias políticas fueron de tal magnitud que se llegó a crear, de manera irregular o ilegal» un servicio B paralelo al servicio de Inspección. . «Lo señalado con anterioridad se puso en conocimiento» de De la Torre, afirman, en tres escritos de una ex alto cargo de la Gerencia y en una reunión personal con la entonces jefa de Departamento, Teresa Domingo. También hubo injerencias en Villas del Arenal.
Cs afirma que se creó un servicio paralelo para tratar en exclusiva los expedientes de Villa del Arenal, que desde 2014 se ha ido prescindiendo del equipo titular del servicio, que cualquier nuevo paso en estos expedientes de Villa del Arenal no podía avanzar sin el visado del concejal delegado y concejala de distrito, y que «el alcalde conocía de primera mano las quejas de altos funcionarios respecto a los expedientes sancionadores y la actuación de sus concejales». Málaga Ahora, por su parte, constata una falta de personal y de medios técnicos para el desarrollo de la inspección (de ocho inspectores se pasó a tres), que se creó un «equipo B» para los expedientes de Villa del Arenal, y que el «alcalde, a través de diversos escritos, fue informado por la exjefa del Servicio de Inspección de hechos muy graves que ocurrían en el departamento», además de que el exjefe de la Sección de Infracciones declaró que «en los expedientes de Villa del Arenal hubo injerencias» políticas.
El PP, por su parte, dice que la Gerencia y sus responsables han actuado conforme a la ley, lo que avalan diversas sentencias judiciales, que los expedientes de Villa del Arenal se tramitaron conforme a la ley y no se bloqueó la actuación administrativa, lo que también desmontarían las sentencias; que no se dieron instrucciones para dilatar expedientes, que se demuestra que no ha habido injerencias políticas en la labor de la Gerencia y de sus trabajadores, que actuaron conforme a criterios técnicos, que el Ayuntamiento ha actuado con profesionalidad, que el equipo de gobierno, en Villas del Arenal, atendió a lo que pedía la oposición, seguir dialogando con los vecinos y estudiar las medidas oportunas, que la solución adoptada la apoyaron todos los grupos en el Pleno, salvo Málaga Ahora, que se ha hecho un juicio político paralelo al judicial, que se cesó a los tres exaltos cargos por pérdida de confianza y que no se desestimó el servicio, aunque sí existían limitaciones de personal por ley. Que han trabajado con transparencia, que un inventario y la actualización de las herramientas de trabajo potenciarán la transparencia y acusan a la oposición de «oportunismo», señalan sus «informaciones falaces» y aseguran que «Urbanismo ha demostrado que gestiona más, de forma más eficiente y con mayor volumen de inversión».
