El Consejo Social de Málaga se reunió ayer en Asamblea ordinaria en el salón de plenos del Ayuntamiento para estudiar las propuestas de la Mesa de Proyectos Singulares, que en esta ocasión ha elevado al organismo un informe de Emasa y otro de la Asociación de Polígonos, Parques Industriales y Comerciales de Málaga y Provincia (Apoma) sobre los efectos que las inundaciones periódicas tienen en la ciudad y las actuaciones a seguir. Juan Cobalea, presidente de la citada mesa, resumió los estudios para acabar pidiendo la creación de un plan de actuación que fije prioridades, un proyecto que implique a las diferentes administraciones y que «el Ayuntamiento debe liderar». «Hay que ponerse a la tarea», dijo. Cobalea habló de actuar con más contundencia y dar pasos firmes para lograr la meta.
El informe de Emasa, básicamente, constataba que el 45% de la red de saneamiento de Málaga separa las aguas pluviales de las fecales, lo que complica las consecuencias en caso de fuertes lluvias. «La construcción de redes separativas permite paliar los inconvenientes derivados de las precipitaciones intensas con la canalización de aguas fecales y pluviales por tuberías distintas», afirmaba la Empresa de Aguas de Málaga, que también aconsejaba la reforestación y consolidación de laderas en los arroyos de la ciudad, trampas de acarreo en sus inicios urbanos y actuar en río Grande, uno de los principales afluentes del Guadalhorce. El estudio de Apoma, por su parte, pedía una regulación de suelos inundables más flexible, dado que se han paralizado inversiones y puestos de trabajo después de declarar la Junta de Andalucía once núcleos industriales (por ejemplo, el polígono Guadalhorce) como zonas inundables, lo que endurece mucho la regulación en cuanto a qué se puede construir y qué no en esos lugares, zonas de expansión empresarial de la capital.
El portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, destacó que la prevención total es imposible, y reseñó que Emasa elaboró un informe en agosto de 2017 sobre las necesidades inversoras más urgentes en el ámbito hidráulico, que tasó en 130 millones de euros, 80 de ellos para la red de saneamiento. Destacó que hace un mes se planteó al pleno la necesidad de llevar a cabo un plan de inversiones plurianual, que salió por unanimidad, que contemple dinero para seguir separando redes pluviales y fecales a medio y largo plazo, nuevos colectores y trampas de acarreo en el inicio de los recorridos urbanos de los arroyos, exigir a la Junta que cumpla su parte en cuanto a la limpieza y la reforestación de las cuentas medias y altas del Guadalmedina, lo que requeriría la colaboración entre instituciones. Pedro Moreno Brenes, profesor de la Facultad de Derecho de la UMA y exportavoz de la coalición, destacó la riqueza del debate, reclamó altura de miras a las administraciones para crear una hoja de ruta al respecto frente «a la tendencia patológica a la confrontación institucional», dado que se habla de la seguridad de los malagueños y añadió tener en cuenta en el debate qué parte del actual planeamiento de la ciudad se puede modificar para lograr una relación más amable con el medio, toda vez que Ysabel Torralbo, portavoz de Málaga Ahora, también alertó de que el excesivo desarrollo urbanístico tiene incidencia directa en las consecuencias que producen los temporales periódicos.
José Damián Ruiz Sinoga, catedrático de Geografía Física de la UMA, abogó por crear un sistema de alarma ciudadana y destacó que ya propuso hace años que se pudiera construir un 10% de los Montes de Málaga, que son fundamentalmente privados, a cambio de que los promotores reforestaran el 90% restante. El viceportavoz socialista, Sergio Brenes, por su parte, recordó que 214.000 malagueños pueden verse afectados por inundaciones, «no sólo hay que mirar al Ayuntamiento, también a otras administraciones».
El alcalde, Francisco de la Torre, avanzó que Promálaga está haciendo un informe para estudiar las causas de la inundabilidad en los polígonos y ver qué soluciones pueden adoptarse «de manera más barata», un estudio que se hace con los técnicos de la Junta de Andalucía y de cuyas conclusiones espera informar en los próximos días con una nota conjunta con el Ejecutivo andaluz. Entre las soluciones, declaró que, en vez de realizar un puente nuevo de la Azucarera, pueden decrecerse las cotas del suelo (bajo los vanos) a esta infraestructura con el fin de aumentar su capacidad de desagüe, hacer obras en el Arroyo de las Cañas y otras acciones. Se quejó, eso sí, con un convenio firmado por 120 millones de euros con la antigua Confederación Hidrográfica del Sur que duerme el sueño de los justos después de que la Junta asumiera estas competencias, con una gran aportación de dinero europeo y abogó por ver qué fondos municipales, autonómicos, estatales y de la UE hay para aumentar el compromiso inversor.
Actuaciones municipales
Finalmente, no hubo un compromiso global concreto, pero parece que se avanza en esa solución. Así, el Ayuntamiento informó de que Emasa ha invertido 5,33 millones de euros en separar redes unitarias desde 2014, suma a la que hay que añadir un paquete de inversiones para 2019 de 4,22 millones de euros con el fin de mejorar el drenaje de la ciudad. En concreto, se trata de la mejora del drenaje de José Ortega y Gasset y la calle Canadá, la modificación del embovedamiento del Arroyo Quintana y del drenaje de la calle Hilera y adyacentes. A ellos hay que sumar seis proyectos más que están redactados que no pueden ser aprobados y licitados al estar pendientes de los informes de la Junta y de Costas (avenida de Velázquez, el polígono Santa Teresa, Playa Virginia, el litoral Este y la margen derecha del Guadalmedina, así como el desvío del arroyo de La Palma). Hay otros proyectos en la calle César Vallejo y el polígono Santa Cruz.
