Francisco García Vigo, presidente de la asociación de vecinos Integración Social y Laboral Palma-Palmilla, ha sido absuelto por el Juzgado número 9 de Málaga de un delito de estafa, ante la ausencia de pruebas.
El dirigente vecinal fue juzgado por el testimonio de un colaborador de la asociación, por un presunto cobro de comisiones entre 2012 y 2014 a las personas sin recursos que recibían alimentos por medio de este colectivo, procedente de la Cruz Roja y a su vez, del Fondo Español de Garantía Agraria del Ministerio de Agricultura. La asociación estaba obligada a repartir los alimentos de forma gratuita.
En concreto, se le acusaba de haber ingresado 3.005 euros en la cuenta de la asociación, en la que figuraba como autorizado, después de exigir presuntamente el pago de 5,20 euros para tener derecho a recibir la comida, lo que se traducía en 578 ingresos.
La sentencia sin embargo subraya que «no puede sin embargo llegar a señalarse que dicho acusado actuara con conocimiento de su falsedad y con ánimo de lucro exigiendo a las personas interesadas en hacerse con los lotes de alimentos el pago de 5,20 euros para poder tener derecho a los mismos».
La sentencia también concluye que Francisco García Vigo, que transfirió esa cantidad a una cuenta de la que era el único titular, no destinó esta cantidad «al pago de sus gastos personales» ni que por tanto se enriqueciera con el dinero obtenido «mediante el engaño de personas en extrema necesidad». «Y no que el destino real fuera el de sufragar los gastos propios que el desarrollo de la actividad de la asociación generaba y que él mismo había adelantado con fondos y recursos propios», añade.
En concreto, durante el juicio Francisco García Vigo informó de que los 3.005 euros se destinaron a los gastos de gasolina, seguro y burocráticos que genera una furgoneta que la asociación tiene para servicios de mudanza de los asociados y para repartir alimentos y que él mismo adelantó porque el colectivo no recibe subvenciones y se mantiene con las cuotas de socios.
El dirigente vecinal también precisó que esa cantidad nada tenía que ver con el reparto de comida sino que era el producto de cuatro meses de cuota de los socios (5,20 euros en total, a razón de 1,30 euros cada mes), por lo que no se exigió dinero alguno a las personas que recibían alimento.
En la sentencia aparece reflejado el testimonio de varios testigos, la mayoría de los cuales ratifican el testimonio de Francisco García Vigo. Así, una de las testigos recalcó que «los pagos realizados eran para pagar la cuota de la asociación (...) y que ella supiese nunca nadie que no pagara cuota dejó de recibir alimentos», mientras que otro de los testigos, que ayudó en el reparto de alimentos y a su vez también los recibió, dejó claro que «nunca pagó ninguna cuota ni le pidieron la entrega de resguardo justificativo alguno».
Incluso la testigo de la Cruz Roja, que dio cuenta de las supuestas irregularidades al escuchar algunas quejas, reconoció en el juicio el no poder verificar «si realmente sucedió lo que se denunció».
Francisco García Vigo, que ayer mostró su satisfacción por la absolución, lamentó que el problema terminara en el juzgado, cuando con anterioridad, «el Ministerio de Agricultura me retiró el reparto de alimentos de forma temporal, abrió una investigación y vio que todo estaba bien». «Al final quien ha perdido es la gente del barrio porque se paró el reparto de alimentos», criticó.
