El sindicato policial Justicia Salarial (Jupol) ya tiene secretario general en la provincia de Málaga tras la celebración de "las elecciones más transparentes de la historia de los sindicatos de la Policía Nacional". Así las define el ganador de las dos candidaturas presentadas, Miguel Millán, quien destaca el éxito de las mismas con una participación del 53% de los más de 800 afialidos que hay en Málaga. Millán asegura que las elecciones se han celebrado durante tres días (12, 13, y 14 de noviembre) en los que los afiliados han podido ejercer su voto a través de una plataforma a la que se puede acceder desde el teléfono móvil y no obliga a que el voto sea presencial. "Estamos en el siglo XXI. Hay que garantizar la transparencia al mismo tiempo que se facilita el voto a los compañeros", explica antes de recordar que Jupol sigue creciendo con el mismo espíritu de su madre Jusapol, la asociación que nació hace casi dos años tras décadas de desencanto con los sindicatos tradicionales.

Tanto es así, que la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por el colectivo en el Congreso de los Diputados para regular por ley la equiparación salarial entre los cuerpos policiales fue aprobada la semana pasada con 316 votos a favor y 22 en contra. Pero este hito, para el que fue necesario recoger previamente 500.000 firmas por todo el país, no se queda ahí. Jusapol se ha trasladado a Bruselas, incluidos policías de Málaga, para buscar el apoyo del Parlamento Europeo. Y lo han conseguido. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo anunció ayer que trasladará a la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo (EU-OSHA) las quejas de policías nacionales y guardias civiles que reclaman la equiparación de sus sueldos al de otras Fuerzas de Seguridad del Estado, como las policías autonómicas.

Jusapol ha solicitado a la Comisión Europea que examine el caso y al Parlamento Europeo que se dirija al Congreso de los Diputados para apoyarles. En el debate se ha denunciado, además, la vulneración de derechos fundamentales como el derecho a huelga o a la negociación colectiva en países como España, Portugal e Irlanda; por lo que se ha apelado a la creación de una norma europea que cubra los riesgos que enfrentan los cuerpos de seguridad.