El debate previo a la votación fue bronco. Francisco Pomares, edil de Ordenación del Territorio, por ejemplo, insistió en que a la oposición debería caérsele «la cara de vergüenza» por seguir el juego a los cargos cesados por Urbanismo, dado que los tribunales han dado la razón al Ayuntamiento, ironizó con que es difícil llevar 20 años en la oposición y criticó que se usen los términos mafia o cloaca para referirse a departamentos municipales, y acusó a los demás grupos de tratar de «tapar la buena gestión del PP». «Nos falta el delito de terrorismo en algunas conclusiones», ironizó. También pidió a la oposición que pruebe a hablar bien de la ciudad y del equipo de gobierno, «díganle a los malagueños que ustedes pueden hacerlo mejor que nosotros, si les creen alguna oportunidad tendrán».

Después, intervino, por alusiones, la concejala Teresa Porras, quien pidió presunción de inocencia, acusó a la oposición de usar un tema complicado como este, «difícil de entender en la calle, porque yo lo he sufrido antes, en los que entre los dimes y diretes queda la duda». «¿Pueden demostrar algo?», se preguntó.

El presidente de la comisión, Alejandro Carballo, le recordó que sólo tenía un minuto para hablar, pero ella se quejó, en repetidas ocasiones, de que ya les han condenado y afirmó que se ha ido al juzgado, señalando al portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla. De hecho, Porras recordó que también se archivó el posible delito tras la comisión de investigación de Limasa.

Sergio Brenes, viceportavoz socialista, señaló que en la Gerencia Municipal de Urbanismo se «dieron técnicas más propias de organizaciones mafiosas que de un organismo público», en alusión a las supuesta persecución laboral vivida por los tres exaltos cargos de Urbanismo que comparecieron en la comisión; Eduardo Zorrilla pidió la dimisión del gerente de Urbanismo y de Pomares, lo que rechazaron luego los grupos en las votaciones. Carballo consideró que las responsabilidades políticas deben concretarse cuando la Fiscalía y la Justicia determinan si lo denunciado por los grupos ha ocurrido de verdad, es decir, cuando haya una resolución. Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, aludió al equipo B creado tras desmantelarse el servicio de Inspección y precisó que el regidor conocía lo sucedido por tres escritos y el edil no adscrito da por probadas las «injerencias políticas».

Porras llegó a preguntar si el voto de calidad del presidente de la comisión servía para desempatar las votaciones, algo que sólo corresponde al alcalde. Ahora, la Secretaría General del Ayuntamiento emitirá un dictamen con las conclusiones definitivas, que deberán ir a pleno. Esta ha sido la tercera comisión de investigación del mandato.