El Salón de Plenos acoge hoy la última de las seis sesiones de la comisión de investigación que ha analizado los miles de expedientes urbanísticos de infracción que no se habrían tramitado entre 2006 y 2016, el mayor escándalo del mandato, con la votación de las conclusiones definitivas de los grupos, ya adelantadas por este periódico el pasado sábado. Ayer, todos los partidos dieron sus respectivas ruedas de prensa para fijar posición de cara al epílogo, que conllevará la formación de un documento con los puntos más votados y que luego, una vez elaborado el dictamen del secretario, serán debatidas y ratificadas en pleno. Dos ideas sobresalen de lo dicho ayer: la oposición pide la cabeza del edil de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y el PP defiende que lo hizo todo en base a la ley.

El portavoz socialista, Daniel Pérez, aseguró ayer que «el alcalde, Francisco de la Torre, y el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, estaban detrás de la trama ocurrida» en el seno de la Gerencia y destacó que este departamento ha quedado «más que cuestionado por la existencia de constantes injerencias políticas con el objetivo de que determinados expedientes caducaran sin que este órgano, el que debe velar por el cumplimiento de la legislación urbanística, hiciera nada por remediarlo, sino todo lo contrario».

Criticó que se pidiera a los funcionarios que «miraran para otro lado y, cuando no cumplían con las órdenes, eran inmediatamente cesados. Actuar de manera correcta no importaba, lo que valía era la oportunidad política, llevándose por delante el prestigio de la Gerencia, lo que ha supuesto una investigación judicial por parte de la Fiscalía y la Guardia Civil».

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, presenta diez conclusiones, de las que seis se refieren al caso de Villas del Arenal, ahora en la Fiscalía. «Quiero ser cauteloso y vamos a respetar los tiempos y el trabajo de la Justicia, como no podía ser de otro modo. Pero, desde luego, como representantes públicos hicimos lo que teníamos que hacer una vez que escuchamos acusaciones muy graves en el seno de la comisión de investigación que presidimos», dijo.

El portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, pedirá hoy expresamente en el punto 20 de las conclusiones que presenta a la Comisión de Investigación de Urbanismo, la dimisión del concejal de Urbanismo Francisco Pomares, así como la dimisión del coordinador de la GMU, José Cardador, por las responsabilidades políticas. También solicitará la reprobación del alcalde, Francisco de la Torre, «por no actuar y mirar para otro lado a pesar de que como ha quedado plenamente acreditado era conocedor de unos hechos que consideramos de una enorme gravedad». Málaga Ahora también cree que el «concejal Pomares debe dimitir por sus intromisiones en los expedientes de infracciones en Urbanismo».

El PP, por su parte, dedica sus conclusiones a defenderse y considera que la Gerencia y sus responsables políticos y directivos han actuado en todo momento de acuerdo a la ley, extremo que habría quedado avalado en distintas sentencias de los juzgados de lo Social y del TSJA; considera que los expedientes de Villa del Arenal han sido tramitados conforme a la ley y no se ha bloqueado la actividad administrativa, que las sentencias también desmontan las acusaciones de actuaciones tendentes a bloquear la tramitación de otros expedientes.

Pero hay más. Los populares consideran que no hubo ninguna instrucción para dilatar expedientes, que no hubo injerencias políticas en la labor de la Gerencia y sus trabajadores, que han actuado conforme a criterios técnicos, que las decisiones se toman dentro de las competencias y conforme a la ley, que el Ayuntamiento ha actuado con proporcionalidad, y que la comisión ha hecho un juicio político paralelo al ya realizado por el TSJA, porque se han reproducido de forma idéntica las denuncias y demandas ya juzgadas y desestimadas.