Cuatro colectivos en defensa del Patrimonio de la provincia (Asociación en Defensa de las Chimeneas y el Patrimonio Industrial de Málaga, Sociedad de Amigos de la Cultura de Vélez-Málaga, Asociación La Almazara de Periana y la Asociación Taha de Frigiliana) han reclamado en un escrito enviado a la Diputación y a los grupos políticos del Ayuntamiento de Málaga una «solución reglada» para recuperar construcciones históricas en suelo no urbanizable.

El documento, firmado Francisco Rodríguez Marín,profesor de Historia del Arte de la UMA y presidente del primero de los colectivos, advierte de que ni la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002, ni el decreto 2/2012 sobre las edificaciones en suelo no urbanizable en Andalucía dan una solución a estos inmuebles cuando se encuentran en mal estado de conservación, «y a los cuales el legislador condena a la desaparición por no encontrarse dentro de los estrictos supuestos legales que permitan su rehabilitación».

«Esto quiere decir que una construcción que se encuentra en una supuesta situación de ruina urbanística está destinada a dejar de existir, sin tener en cuenta ningún otro tipo de consideración respecto al interés histórico, cultural o etnográfico» de estos inmuebles, añade.

El documento pone como ejemplo casas lagares, muy abundantes sobre todo en los Montes de Málaga; antiguas ventas y albergues; molinos harineros; pequeñas almazaras; antiguas centrales hidroeléctricas; tejares e incluso pequeños templos dedicados al culto religioso en el ámbito rural.

Por todo ello, estos colectivos reclaman la necesidad de un «cambio normativo» que tenga en cuenta el aspecto histórico, cultural y etnográfico de estos edificios.

En concreto, abogan por una solución jurídica que en primer lugar inventaríe y catalogue estos edificios y en el caso de que sus propietarios quieran recuperarlos, aporten documentación técnica, sobre la antigüedad y se ciñan a una rehabilitación «con las técnicas constructivas originales de los mismos». El escrito también propone una suerte de ITV «establecido como una obligación para el propietario del inmueble».