Un año más la violencia en las aulas sigue aumentando. El sindicato independiente de profesores ANPE hizo balance este martes del curso académico 2017-2018, en el que Málaga se sitúa como la provincia andaluza con más casos atendidos por agresión, física o verbal, a profesores por parte de alumnos y padres. En total, se denunciaron 33 casos, de los cuales cuatro fueron llevados ante el juez, el 58% se registraron en los niveles de Infantil y Primaria y el 30% en Secundaria y Bachillerato.

Mientras que las faltas de respeto e insultos- el 46% de los casos denunciados- sigue primando en en los centros, el ciberacoso a los docentes es cada vez más relevante y preocupa especialmente al sindicato, ya que se produce tanto por parte de alumnado- 27% de los casos- como por parte de los padres- 16%.

En este sentido, la coordinadora provincial de ANPE, María del Almo, explicaba a los medios que esta nueva forma de agredir a los profesores através de las redes "está aumentando a pasos agigantados" en los centros malagueños y denunciaba "el vacío legal" que existe en cuanto a la propagación de noticias falsas y las denuncias sin fundamento que realizan los padres a través de los grupos de Whatsapp.

Además, la responsable señalaba que toda esta problemática están generando daños en la salud de los docentes, ya que el 100% de los casos registrados durante el curso pasado en Málaga presentaron cuadros de ansiedad, seguidos del 28% con depresión, aunque solo un 15% acabó dándose de baja.

Ante la falta de protección, la coordinadora Autonómica del Defensor del Profesor en Andalucía, María Ángeles Guzmán de Quero, volvió a exigir que la Junta de Andalucía dote al profesorado de autoridad pública en el ejercicio de su función a través de una norma con rango de Ley, "como ya tienen otras comunidades autónomas", que sirva para amparar a los docentes cuando sufran cualquier tipo de violencia a su persona, ya que considera que las leyes atuales "son insuficientes".

Del Almo, respaldaba la idea y reclamaba a su vez, una mayor dotación de medios en los centros públicos, la formación específica de los docente en la resolución de conflictos y la reducción de carga burocrática junto a la reducción del ratio en las clases, como medidas para prevenir las agresiones.

Ante este panorama, la coordinadora autonómica del Defensor del Profesor, María Ángeles Guzmán, insistía en que la solución pasan por la prevención. "Los centros son un reflejo de nuestra sociedad actual. Están habiendo brotes de violencia y situaciones de agresividad sin control y todo ello pasa por la prevención. El sistema educativo está en el lugar y en el tiempo privilegiado para cultivar que los ciudadanos del mañana pueda lidiar con los problemas sin llegar a la violencia".