El Ayuntamiento de Málaga niega que exista afán recaudatorio en la reclamación que hace a los institutos de la capital para que paguen distintas tasas municipales que tienen pendientes. Es más, asegura que con los requerimientos que Gestrisam ha enviado por carta a los directores lo que pretende es obtener información sobre la planimetría y los usos de las parcelas, con el objetivo de ajustar al máximo los tributos, no para aumentarlos. Y añade que esta regularización de los edificios públicos, estatales, autonómicos y municipales, lleva años haciéndose, y que «las liquidaciones se le piden a la Consejería de Educación de la Junta» y no a los institutos.
El concejal de Economía del Consistorio, Carlos Conde, subrayó que los planes de la Inspección son «completamente independientes y no existe injerencia política alguna». Existe en Gestrisam un programa de regularización permanente de todos los edificios públicos. En el caso de los institutos, este plan se inició hace dos años. «Hasta la fecha ha habido contacto con las delegaciones de Educación y de Economía y Hacienda, siempre a nivel técnico», matiza Conde, quien mantiene que ha sido la propia Delegación de Educación la que aconsejó a Gestrisam que se pusieran directamente en contacto con los centros educativos para obtener mayor información.
Como se trata, fundamentalmente, del abono de la tasa de Basuras, «las zonas de patios y pistas deportivas tienen un coeficiente mucho menor», señala Conde, quien insiste en que de lo que se trata es de que los directores aporten la información necesaria para definir los espacios «para pedir en función de lo que justamente hay y no más, es decir, que el ánimo es el de afinar lo máximo para no gravar donde no haya que gravar».
«No reclamamos a los institutos. El obligado tributario no es a los centros, que no tienen CIF, sino a la Junta, que sí lo tiene. No entramos tampoco en la política económica de la Consejería», explica Carlos Conde, que recuerda que, por ejemplo, los centros de salud ya fueron en su día regularizados y pagan la tasa de Basuras como cualquier otro edificio público. «No se entendería que el Ayuntamiento no cumpliera con sus obligaciones», insiste Conde, quien aclara que estos planes de Inspección son objetivos, reglados e instruido por los propios técnicos municipales. «Ni hay intencionalidad, ni animadversión», recalca Conde, quien dice que este tipo de regulación se hace con cualquier tipo de administración. «No entramos en si lo tiene que pagar el instituto o la Junta. Estamos hablando de cuestiones objetivas y recogidas en la Ley de Haciendas Locales», aplicando criterios proporcionados y reglados.
No hay interés contra la Junta
«Tampoco existe un interés contra la Junta ya que esta regulación afecta a los edificios de todas las administraciones públicas y desde hace años», añade el concejal, quien asegura que la colaboración institucional existe.
Los institutos que se han tenido que poner al día de estos tributos, que se están reclamando con carácter retroactivo, han tenido que desembolsar más de 10.000 euros, según los directores consultados por este periódico, que en su edición de ayer se hacía eco del malestar de estos equipos directivos, ya que, como informaron, es un dinero que sale del presupuesto anual de los centros.
Ante esta situación, Carlos Conde insiste en que el Ayuntamiento «no puede entrar» y que es la Junta la que tiene que resolver este tipo de cuestiones.
