Los examinadores de Tráfico están dispuestos a acudir de nuevo a la huelga entre los días 10 y 21 de diciembre debido a que todavía siguen esperando a cobrar en sus nóminas el complemento de 250 euros mensuales brutos aprobado por el Congreso hace unos meses e incluido en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 (PGE). Este compromiso permitió en su día poner fin a los cinco meses de paros realizados por estos trabajadores en 2017 (de julio a diciembre). El colectivo de 700 examinadores que hay en España (de los que 23 están en Málaga) está citado precisamente este lunes 10 en Madrid para realizar una protesta ante el Ministerio del Interior en la que pedirán a la Dirección General de Tráfico (DGT) y a Hacienda que libere el pago de este complemento (encallado por cuestiones burocráticas). No obstante, el pasado viernes hubo una reunión en Madrid entre la DGT y los representantes de los examinadores donde hubo un «avance notorio» en la negociación, y hay prevista una nueva cita entre ambas partes este lunes por la tarde, una vez concluya la manifestación, para tratar de cerrar un acuerdo que impida la huelga.

La posibilidad de estos nuevos paros preocupa mucho al sector de las autoescuelas, que ya el pasado año sufrió grandes perjuicios por una huelga que generó, en el caso de la provincia de Málaga, una lista de espera de casi 15.000 alumnos que aguardaban el poder examinarse para lograr el permiso de conducir.

«Lo que queremos es que nos abonen lo que ya está aprobado en los Presupuestos. Desde Málaga vamos a acudir los 23, y estamos todos dispuestos a secundar esta nueva huelga si eso no se produce», comentó ayer e este periódico el portavoz del colectivo de examinadores Asextra en la provincia, Ignacio Torres. Según explicó, buena parte del colectivo de trabajadores viene realizando desde hace meses horas extra (trabajando también por las tardes) para contribuir a desatascar el tapón de alumnos sin examinar que todavía colea de la anterior huelga. Así, si en cada jornada se realizan unas 240 pruebas, con este añadido se han podido realizar entre 60 y 70 exámenes más. Esas horas extra, no obstante, han quedado paralizadas con la convocatoria de los nuevos paros, tal y como establece la legislación.

Las autoescuelas, preocupadas

Por su parte, el presidente de la Asociación de Autoescuelas de Málaga (APAE), Antonio Martín, recordó ayer que, con la vuelta de los examinadores al trabajo, la lista de espera ha ido bajando progresivamente pero calculó que ahora mismo hay 3.000 alumnos que aguardan a examinarse de la prueba práctica debido no sólo al efecto de aquella huelga sino también a que la plantilla de examinadores es, a su juicio, insuficiente, y a que cada centro sólo puede presentar alumnos una vez al mes.

«Estamos lógicamente preocupados. Otra huelga sería un destrozo para nosotros. Ahora mismo estamos tratando de recuperarnos todavía de la lista de espera que dejó la del año pasado. Y estos días previos a la Navidad son de mucho interés para los alumnos porque muchos cogerán vacaciones universitarias y quieren aprovechar para hacer el examen. Esperemos que haya un acuerdo y no se llegue a otra huelga», dijo.

Los cinco meses de huelga de 2017 dejaron también un quebranto económico en el sector. Según los datos de APAE, en la provincia hay 290 autoescuelas y 1.200 trabajadores. Cada centro de la provincia perdió en esos meses de media unos 15.000 euros, y más de una decena de autoescuelas se vio abocada a parar de manera temporal. Además, debido a que muchos alumnos no asistieron durante esos meses a las clases, hubo también reducciones de jornada en parte de las plantillas.

Así las cosas, la Unión Federal de Autoescuelas de Andalucía (UFAA) y la junta general de la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) han instado al Gobierno a cumplir los acuerdos con los examinadores. UFAA solicita al Ejecutivo que haga «todos los trámites oportunos de manera urgente» para aprobar el incremento retributivo del complemento específico, ya que de lo contrario los paros pueden conllevar «duras consecuencias» para las autoescuelas. En este sentido, señalan que el Gobierno no puede «frenar y llevar a la ruina» a un sector que todavía sufre las consecuencias de la huelga de 2017.