15 de diciembre de 2018
15.12.2018
Para recortar gastos

Uno de cada cinco municipios de Málaga no tiene sucursales bancarias

Un total de 22 pequeñas localidades de la Axarquía y la Serranía de Ronda se quedan sin oficinas por la reestructuración del sector, que busca reducir costes y alega que el cliente usa cada vez más las nuevas tecnologías Expertos y sindicatos piden que se vigile el riesgo de "exclusión financiera"

15.12.2018 | 21:24
Una vista de Archez, uno de los pequeños pueblos de la Axarquía malagueña que no cuenta con oficina.

Claves

  • Cierres en España
    La baja rentabilidad de las entidades de depósitos españolas obliga a reducir costes cerrando oficinas, con una caída acumulada de la red de sucursales del 42% desde 2008. Así, en junio de 2018 el sector cuenta con una red de 27.320 oficinas, casi la mitad de las 45.662 que existían antes del inicio de la crisis.
  • Diferencias por provincias
    La información por provincias muestra diferencias en la intensidad del ajuste. En algunas se han cerrado más del 50% de sucursales que había en 2008 –Barcelona (56%), Castellón (53%), Tarragona (52%) y Girona (51%)–, y en otras los recortes no llegan al 25%: Cuenca (16%), Badajoz (21%), Teruel (21%) y Ciudad Real (22%).
  • Población sin oficinas
    Sigue aumentando la población española sin acceso a una sucursal en su municipio de residencia, que ha pasado del 2,7% en 2016 al 2,9% en 2017. En este último año, un total de 1.351.276 habitantes viven en municipios sin oficina. En más de la mitad de los municipios españoles (en concreto, en el 52,2%) no hay sucursales.

Los bancos han suprimido el 28% de su plantilla en nueve años

  • Un informe publicado hace unos meses por el sindicato CCOO revela que el sector financiero suprimió en Málaga un total de 2.128 empleos entre 2008 y 2017, lo que supone el 28% de la plantilla total que llegó a haber en la provincia. La reducción de empleo en este sector, extensible a España y Andalucía, se enmarca en «un durísimo proceso de reestructuración, la disminución de la competencia por la concentración de entidades y la exclusión financiera de amplias capas de la población como consecuencia del cierre masivo de oficinas bancarias», según explicó en su momento la central sindical. Según CCOO en Andalucía, el ajuste de plantilla y de sucursales se ha debido ante todo  a la reestructuración y reducción de costes que abordaron las entidades financieras con motivo de la crisis. Si en el año 2008, había más de 7.400 personas trabajando en el sector en Málaga, la cifra era ya sólo de unos 5.300 personas a finales de 2016. Y aunque CCOO no maneja todavía datos de 2018, la sensaciones que la tendencia sigue siendo a la baja, ya que el número de oficinas sigue reduciéndose.
    El sindicato detalló que más del 90% de las salidas de personal del sector han sido con planes de prejubilaciones y bajas incentivadas, a través de expedientes de regulación de empleo pactados con las plantillas. Además, se han producido «sacrificios» coyunturales con limitaciones en las subidas salariales para los trabajadores que se han quedado, junto con «prolongaciones de jornada que siguen creciendo por el incremento de las cargas de trabajo y una inaguantable presión comercial».

La tendencia de cierres de oficinas bancarias por parte de las entidades financieras continúa imparable debido principalmente al constante proceso de reducción de costes y ajuste de estructuras aunque el sector también sostiene que el impacto de las nuevas tecnologías ha provocado que cada vez más clientes realicen su gestiones desde el ordenador o el móvil y hayan dejado de acudir a las sucursales. Como consecuencia de todo esto los bancos han ido cerrando las oficinas de su red con menor rentabilidad. La dinámica en todo caso está teniendo un efecto más palpable en las zonas rurales y de interior, ya que las clausuras están dejando a algunos pueblos sin ninguna sucursal en su término municipal, lo que obliga a sus habitantes a tener que trasladarse a otra localidad para poder realizar sus gestiones de forma presencial.

Fuentes del sector bancario en Málaga comentan que una quinta parte de los municipios de la provincia (22 de 103) no tiene ya oficinas, aunque recuerdan que los residentes en esas localidad tiene siempre a mano una oficina situada en alguna localidad y recuerdan que, al tratarse, de pueblos muy pequeños, el porcentaje de población en esta coyuntura es bastante pequeño. Se trata de municipios situados principalmente en la Serranía de Ronda y en la Axarquía.

Un estudio publicado hace unos días por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) con datos de toda España correspondientes a cierre de 2017, eleva algo más los datos e indica que un tercio de los 103 municipios que hay Málaga carece ya de oficinas bancarias, aunque el propio organismo admite que su cálculo puede tener algún margen de error, al incluirse en un estudio a nivel nacional. En todo caso, el informe indica que esos 35 pequeños municipios tendrían una población total de 24.644 personas (el 1,5% de los habitantes de la provincia). El análisis de IVIE actualiza un anterior informe que tenía datos de 2016 y que situaba entonces la cifra de pequeños municipios que se habían quedado sin sucursal bancaria en 21, con una población total de 13.292 personas (el 0,8% de los habitantes de la provincia).

El director adjunto del IVIE y catedrático de la Universitat de Valencia, Joaquín Maudos, responsable de estos informes, comenta a este periódico que los bancos, en un contexto de incertidumbre, bajos tipos de interés y escasos márgenes, han tenido que cerrar oficinas «para asegurar la viabilidad del sector». En concreto, los bancos han cerrado ya en Málaga un total de 617 sucursales desde que arrancó la crisis en su proceso de reestructuración, lo que supone el 44% de las que llegó a haber abiertas en 2008 (1.407), fecha que marcó el tope histórico en cuanto a red total de las entidades financieras. Según los últimos datos del Banco de España, en la provincia quedan ahora 790 sucursales operativas. Para ver una cifra tan baja hay que retrotraerse a finales de 1988.

Maudos afirma que la tendencia continuará en los próximos años, con posibilidad de que nuevos pueblos se queden sin oficinas. De hecho, IVIE estima que otros 14 municipios malagueños en los que residen unas 33.200 personas (otro 2% de la población) cuenta con una única oficina bancaria.

Riesgo de exclusión financiera

«Es un problema de rentabilidad de las oficinas. El Banco Central Europeo y el Banco de España siguen pidiendo a las entidades financieras que recorten gastos, y la forma más significativa de hacerlo es cerrado oficinas, empezando por las que menos negocio tienen, que son las que están en los municipios más pequeños, comenta este experto. Uno de los efectos más perniciosos de esta práctica es que la situación de relativa «exclusión financiera» en la que quedan los habitantes de estas poblaciones. Y es que buena parte de ellos responde al perfil de personas mayores, tradicionalmente quienes más prefieren seguir acudiendo a las oficinas para realizar sus trámites presenciales, con lo que se ven ahora forzados a afrontar un desplazamiento a otro municipio, a veces de bastantes kilómetros.

En algunos casos, los bancos hacen un esfuerzo y aunque cierran la oficina dejan un cajero automático para que las personas puedan al menos cubrir servicios básicos como la retirada de efectivo. En algunas zonas de España, como en la Comunidad Valenciana, ya se está incentivando a los bancos que mantienen sus cajeros en los núcleos sin oficinas, una iniciativa que Maudos cree que las administraciones deberían imitar en otras regiones.

Otra solución que están encontrando los bancos para paliar el impacto del cierre de oficinas es la introducción de la figura del agente financiero o de la corresponsalía, puestos en ambos casos desempeñados por personas que suelen trabajar como autónomos y que se encargan de asesorar a los clientes sobre los servicios y productos de la entidad.

Maudos reconoce que España sigue siendo un país con una ratio de oficinas por habitante superior a la media europea (hay una sucursal por cada 1.700 personas, frente a los 2.200 que se registran a nivel comunitario). El futuro del sector en nuestro país, a su juicio, va hacia cada vez menos oficinas pero con un mayor tamaño en cuanto a empleados para las que queden. No obstante, pide a las entidades financieras y a los poderes públicos que implementen medidas para evitar el riesgo de exclusión financiera en las zonas rurales.

«Las administraciones públicas y los propios bancos tienen que ser conscientes de esta situación. Para ello, es necesario alentar mucho más el uso de la banca on line y elevar la cultura financiera de esta capa de población. Hay mucho por hacer en este campo, porque el porcentaje de las personas que usan la banca on line en España tiene todavía mucho margen de mejora. Pero el reto también para el sector público es que internet llegue a todos los rincones del interior, porque por mucha banca on line que tengamos, si no hay internet en una zona no se puede hacer nada», comenta Maudos.

Una tendencia «irreversible»

El Colegio de Economistas de Málaga ha señalado en varias ocasiones que la tendencia de cierres es «irreversible» y que continuará a lo largo de los próximos años en un volumen todavía por determinar, lo que podría ir dejando a más localidades sin oficinas bancarias.

«La tecnología está dejando a las oficinas como unas estructuras muy pesadas y costosas para las entidades, que asisten además a unos años de márgenes de negocio muy bajos. Los clientes hacen sus transacciones desde el móvil y esto está marcando», afirma la institución colegial.

Dos clientes scan dinero de un cajero en Málaga. ARCINIEGA

Por parte de los sindicatos, CCOO ha mostrado en varias ocasiones su preocupación por el efecto de la supresión de oficinas sobre el empleo y sobre el servicio a los clientes. La central minimiza el impacto que haya podido tener en esta dinámica la irrupción de las nuevas tecnologías e internet.

«Las nuevas tecnologías es uno de los elementos que concluyen a todo esto, pero la causa primordial es el ajuste de estructuras que los bancos pusieron en marcha a raíz del estallido de la burbuja financiera e inmobiliaria. Puede que los jóvenes vayan menos a las oficinas y hagan las gestiones por el móvil, pero sigue habiendo muchas personas que precisan de servicios de asesoramiento que requieren de un trato presencial», sostiene la central, que teme que la falta de atención a la clientela en localidades en las que se está produciendo una progresiva exclusión financiera provoque «más desigualdad».

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