El actual presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Alejandro Pestaña (1957), ha sido elegido por la junta de gobierno de la institución después de valorar su experiencia y trabajo tras 35 años como colegiado. Pestaña cubrirá los dos años de mandato que no ha completado Fernando Pastor, el anterior presidente que dimitió tras la instrucción, por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas, de dos expedientes sancionadores en relación a su actividad profesional, ya que recibió sendas denuncias en relación a una serie de irregularidades en la gestión de dos comunidades de propietarios en La Línea y Benalmádena, que están siendo estudiadas.
Acaba de estrenarse al mando del Colegio. ¿Cómo encara esta nueva etapa?
Ahora mismo estoy en un periodo de adaptación. Tengo que ponerme al día de todo lo que desconocía porque, aunque llevo 35 años dentro del sector y anteriormente he pasado por distintas comisiones dentro del Colegio, tenía que actualizarme para afrontar este nuevo reto.
¿Cómo afronta el Colegio la dimisión de Fernando Pastor?
La dimisión del anterior presidente entra dentro del mecanismo que se establece dentro de nuestros estatutos, no se podía hacer otra cosa. Desde el momento que el Consejo andaluz abrió los dos expedientes y lo comunicó al Colegio de Málaga, Fernando presentó su dimisión y desde entonces está desconectado de cualquier tipo de actividad colegial. Ahora nuestra comisión de deontología está estudiando la trascendencia de los hechos denunciados. Si son ciertos tomaremos medidas al respecto.
¿Cuál es el balance que hace del mandato de Pastor?
Durante el tiempo que él ha estado al mando se han hecho muchas cosas buenas y se ha avanzado en diversas materias dentro del Colegio. Una cosa no quita la otra, pero existe un protocolo para actuar en este tipo de casos y lo vamos a cumplir. Su dimisión era inevitable.
¿Este caso puede dañar la imagen del Colegio?
Vamos a seguir trabajando para y por la sociedad. De entrada he pedido una modificación del estatuto para que, incluso el presidente tenga menos poder. Queremos que todas las operaciones sean más transparentes y que si es necesario hacer cambios, como ha ocurrido en este caso, se puedan hacer de manera rápida, segura y contundente. Se ha trabajado durante años para ser uno de los mejores Colegios de España, por eso contamos con comisiones de deontología y ética profesional que vigilan las quejas y denuncias, con el objetivo de dar las garantías necesarias a quién necesite nuestros servicios.
¿Cuáles son sus objetivos marcados para el mandato?
Tenemos un reto muy importante en este mandato, ya que en 2020 se celebra en Málaga el congreso nacional. Aunque quede tiempo son jornadas muy complejas, en las que se exige mucho y tenemos que subir el nivel del que se celebró aquí en 2006. A parte hay muchos objetivos que ya estaban en marcha y que pretendo seguir trabajando para que sigan adelante.
¿Por ejemplo?
Terminar el convenio de empleados de fincas urbanas. Muchos trabajadores esperan este convenio laboral desde hace muchos años en Málaga porque actualmente no existe ninguno. Ya se envió un borrador a CCOO y UGT pero me he comprometido a relanzarlo y terminarlo para así buscar una pronta solución. Por supuesto vamos a trabajar en los sellos de calidad de los despachos de los administradores para mejorar los servicios y garantizarlos.
Los últimos datos apuntan a que Málaga es una de las provincias donde más crece la morosidad en los alquileres.
Las deudas por alquiler existen porque la justicia es muy lenta. Cuando presentas una demanda de impago ya no echan a los inquilinos de la propiedad. Tienes que presentar una de desahucio que puede tardar hasta 18 o 24 meses en actuar. Además, los jueces se echan a temblar con este tema porque no quieren salir en los medios. Los morosos tienen la tranquilidad de que no les va a pasar nada. Muchos se dedican a ir de casa en casa, incrementando los datos generales y perjudicando a las comunidades de vecinos.
¿Cuál cree que es la solución?
El alquiler es un negocio y no tiene nada que ver con el aspecto social de la vivienda. La administración pública no entiende que si las personas no pueden pagar el alquiler deben ser ellos quienes reviertan la solución, y no esperar a que sea el propietario quien actúe como benefactor social. A los okupas no se les echa porque son una especie protegida en España.
