La solución seguirá sin llegar a Monte Dorado, la barriada de autoconstrucción cuyos vecinos llevan dos décadas esperando un acuerdo con el Ayuntamiento para legalizar las construcciones y dotar a la barriada de las infraestructuras y servicios básicos necesarios.
Pero como ya ocurrió en 2013, los vecinos han respondido con más de un centenar de alegaciones (108 exactamente) poniendo reparos al plan de urbanización propuesto por la Gerencia de Urbanismo y especialmente a su coste, cifrado en 3,3 millones de euros, una carga que los vecinos tendrán que repartirse y que consideran «excesiva».
La gran mayoría de los vecinos han alegado contra este plan. Sus argumentos: la cantidad que resulta (3,3 millones) «es imposible de asumir por los vecinos por la situación socioeconómica de las familias»; el Ayuntamiento también debería contribuir económicamente al ser propietario de la mayoría de los suelos; los vecinos ya han costeado las infraestructuras que poseen y, sin embargo, esto no se ha tenido en cuenta por el Ayuntamiento a la hora de reducir los costes; y, por último, señalan que se incluyen infraestructuras «muy costosas, que no suponen ninguna mejora en las condiciones de vida de los residentes».
La contestación de la Gerencia de Urbanismo ha sido desestimarlas prácticamente todas. Su argumento es que el reparto de los costes es algo que ya se aprobó en su día y no cabe volver atrás. El caso es que en 2009, cuando se aprobó inicialmente el plan especial, éste recibió, igual que ahora, más de un centenar de alegaciones que se quejaban de los altos costes económicos y que, como ahora, fueron desestimadas por la Gerencia de Urbanismo.
Pese a ello, la dirección de la Gerencia pretendió ayer que el consejo rector aprobase definitivamente el plan especial y avalase la desestimación del centenar de alegaciones.
Los grupos de la oposición, con el PSOE a la cabeza, evitaron que el asunto se aprobase. Tras una fuerte discusión, el equipo de gobierno decidió retirar el punto del orden del día.
Reunión
La oposición exigió y consiguió que se convoque una reunión con los vecinos, los responsables de Urbanismo y los grupos municipales donde se analicen las reclamaciones de los vecinos de repartir las cargas económicas y donde pueda arrancarse un compromiso tácito del alcalde de que el Ayuntamiento participará en el pago de los costes de infraestructuras.
Por otro lado, en el consejo rector de Urbanismo sí se dio ayer aprobación al convenio de Sánchez Blanca, que da nombre a una zona aún por desarrollar, que está situada frente a Intelhorce y junto a El Viso, donde está previsto levantar 3.443 viviendas.
El convenio lo firmaron en un principio Prasa y Gestora Cantábrica, empresas que desistieron y su lugar fue ocupado en 2011 por Unicaja, a través de su filial GIA y la constructora Andria. Este acuerdo supondrá unos ingresos de 14,4 millones de euros para Urbanismo.
