La Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía de Málaga ha constatado que, durante el ejercicio 2017, fueron derribadas 19 casas ilegales en la provincia tras las sentencias firmes, dieciséis de ellas ejecutadas por el propio penado y otras tres, tiradas de forma subsidiaria por el Ayuntamiento correspondiente a costa del sentenciado y «ante la falta de cumplimiento voluntario de este».

De cualquier forma, según se recoge en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía relativa a 2017, presentada en septiembre de este año, la Sección de Medio Ambiente Urbanismo del ministerio público en Málaga considera que el número registrado podría ser superior, «entre otras razones, por no existir forma de controlar con los medios actuales las efectivas demoliciones realizadas». Lo que sí tiene clara la sección es que es «especialmente importante el control de la ejecución de la sentencia condenatoria, en particular la vigilancia de la reparación del daño producido por el delito».

Eso sí, lograr la demolición de una vivienda ilegal, pese a que se consiga la condena, es complejo. Ya el anterior delegado de la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga y hoy fiscal jefe de Córdoba, Juan Calvo-Rubio, explicaba que hay muchísimas dificultades para ejecutar las órdenes de demolición, pues los condenados usan todos los instrumentos procesales que puedan para intentar atrasar e impedir la medida de la demolición: suspensión de la ejecución de la sentencia para intentar legalizar el edificio o construcción ante los respectivos ayuntamientos, suspensión por interposición de recurso de amparo, suspensión por petición de indulto, etcétera€

El actual es Fernando Benítez, un delegado que ha conseguido una altísima tasa de sentencias condenatorias a lo largo de 2017 en delitos contra la ordenación del territorio y urbanísticos, de forma que siete de cada diez de estos fallos fueron condenatorios (66 condenas por 28 absoluciones, el 70,2% de eficacia). En el apartado de delitos contra el medio ambiente, son dos las sentencias absolutorias; en ilícitos contra la flora y la fauna son once los fallos que castigan y uno el que absuelve, en incendios forestales se logran cinco condenas frente a cuatro absoluciones y en cuanto a maltrato de animales domésticos la tasa de eficacia es alta, con ocho sentencias condenatorias.

La Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía de Málaga también constata, como se recoge por escrito en la memoria de 2017 de la Fiscalía Superior andaluza, un crecimiento importante de los delitos contra la ordenación del territorio, patrimonio histórico y el medio ambiente entre el pasado ejercicio y 2016, pasando de los 88 casos a los 123, una subida del 39,8% (diligencias previas en los juzgados). Los ilícitos contra la ordenación del territorio crecen un 51,1%, hasta los 68 procedimientos de 2017; también hay un incremento destacado en lo que se refiere a las investigaciones abiertas por delitos de maltrato a animales doméstico, de 11 a 15 expedientes (36,4%). «Se aprecia un evidente aumento en el número de diligencias incoadas en 2017 respecto al año anterior, lo que considera que es consecuencia en parte de la buena coordinación del equipo del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga con la sección, habiéndose iniciado, con apoyo y dirección de esta sección, diversas campañas en materia de maltrato animal y protección de flora y fauna, que se tradujeron en diligencias de investigación debidamente judicializadas», consta en la memoria.

La sección pone de manifiesto «el gran volumen de trabajo y la falta de incentivos para formar parte de la especialidad, pese a lo cual se han obtenido unos resultados magníficos», sobre todo por la vocación y compromiso de los fiscales. «Existe una sobrecarga en la situación del despacho de papel por los fiscales de la sección, pues el volumen de trabajo, en general, resulta excesivo». También es «insoportable» la carga de trabajo de las funcionarias encargadas del negociado de la Sección de Medio Ambiente, teniendo en cuenta el elevado número de diligencias de investigación penal y preprocesales que se llevan en la sección o el gran número de procedimientos por delitos urbanísticos, entre otros.