En Málaga se incoaron en 2017 un total de 458 asuntos de violencia familiar o doméstica (artículo 173,2 del Código Penal -hay más supuestos-), en los que en buena parte de las ocasiones la víctima es un anciano, según los datos de la Fiscalía de Violencia de Género. En muchas ocasiones, es el ministerio público el que actúa de oficio para investigar estos casos, pero el maltratado tiene fuertes vínculos afectivos o de dependencia con el maltratador, por lo que muchos de ellos se acogen a su derecho a no declarar contra el familiar (normalmente un hijo, pero también pueden ser nietos u otros familiares), un derecho recogido en el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Definición del delito
De los 458 casos incoados, es imposible determinar cuántos tienen a mayores como protagonistas, pero son bastantes y se encuadran en este tipo de delito. El apartado dos del artículo 173 del Código Penal establece el delito de violencia doméstica en estos términos: «El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años», entre otras medidas.
Realidad invisible
«El maltrato a mayores supone una carga de especial reproche desde la vertiente penal y social por la absoluta y máxima vulnerabilidad de su víctima, dado que nunca, en ninguno de los casos, ha denunciado». Así, la Fiscalía de Violencia de Género de Andalucía señala que «podría existir una absoluta impunidad de bolsas ocultas de maltrato a los mayores al concurrir la ventaja añadida de que el trinomio mayor/maltratado/vulnerable nunca denuncia el hecho, provocando que el oscurantismo de esta conduzca permanezca».
Además, declara la Fiscalía que «se mantiene la dependencia física y emocional del maltratado ante su agresor o agresores, dado que pueden concurrir varios del mismo entorno sobre la misma persona». En el caso de las actuaciones de oficio como las investigadas, «se produce un amplísimo espectro de los efectos del artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El maltratado usa de forma casi absoluta este beneficio legal por los amplios vínculos afectivos y de dependencia unidos a su maltratador».
La impunidad en estos casos aumenta, «dado que son delitos cometidos en ausencia de testigos y presencia de pruebas bastante periféricas y no de índole directa». «Se siguen planteando como objetivos prioritarios de esta sección de violencia a la mujer, que lo es también de violencia familiar, la visibilización de estas conductas. Están enquistadas en una forma de convivencia y en el oscurantismo de las relaciones y lazos familiares que propician la impunidad de las mismas», señala la Fiscalía.
Teléfono de Atención al Mayor
La Fiscalía de Violencia a la Mujer ha canalizado, en virtud de diligencias de información, todos los casos derivados de la Junta de Andalucía, investigándose luego los mismos. Además, se ha comunicado con los servicios «sociales o asistenciales para su inclusión en los beneficios que sean pertinentes». También se ha hablado con la Fiscalía Civil para adoptar otras medidas, cuando así lo requería el asunto. «De esta forma, el Teléfono de Atención al Mayor de la Junta de Andalucía nos ha derivado un total de 38 asuntos en Málaga, que han sido investigados por esta Fiscalía competente y derivados en la forma descrito y dentro del protocolo instaurado con la Dirección General de Violencia de Género».
