La asociación empresarial agrícola y ganadera Asaja Málaga ha denunciado que la nueva orden andaluza de concesión de ayudas europeas para la Prevención de Incendios Forestales en fincas particulares tiene unas condiciones, a su juicio, tan complejas y restrictivas que han reducido de forma drástica la cifra de solicitantes, sin que tampoco hayan podido ser todavía adjudicadas, a pesar de que se convocaron hace ya siete meses. Según explicó ayer el técnico responsable del área forestal de Asaja Málaga, Francisco Cordón, en Málaga se han registrado sólo 33 solicitudes, cuando en anteriores convocatorias se contabilizaban más de 120. En total, la provincia cuenta con unas 3.000 fincas con plan de prevención de incendios, por lo que las cifras de peticiones, que ya de por sí eran bajas, se mueven ahora en niveles ínfimos.

Cordón recordó que la orden parte en esta ocasión con la desventaja para el solicitante de que no le permite usar medios propios, ni contratar a personal exclusivamente para estas labores, algo que sí se permitía anteriormente. «Si el propietario de la finca tiene ya a sus trabajadores para realizar estas tareas y la maquinaria necesaria para ello, ¿por qué tiene que recurrir a una empresa externa para ello? Con eso sólo se consigue que los costes se multipliquen por cuatro», afirmó Cordón. Asaja recuerda que el importe de las ayudas es ya de por sí reducido, con un cálculo de unas 98 euros por hectárea mecanizada de cortafuegos cuando el costo de esta infraestructura suele alcanzar los 200 euros.

Asimismo, el portavoz de Asaja recordó que la orden conlleva la obligación de elaborar una Memoria Técnica suscrita por un técnico competente sin tener en cuenta la dimensión de las explotaciones y por tanto añade un coste «innecesario» a las más pequeñas. Asaja señala, como ejemplo, que el Plan de Incendios carece de este requisito para explotaciones de menos de 400 hectáreas. «Todo ello conlleva un importante e injustificado desembolso económico para poder optar a las ayudas», lamenta la asociación.

Las fincas perceptoras de las ayudas pueden estar dedicadas a la agricultura o a la ganadería o ser, simplemente, de carácter forestal. En estos espacios es siempre obligatorio tener un plan de prevención de incendios que tiene una vigencia de cinco años y que incluye, entre otras actuaciones, la ubicación de cortafuegos y de balsas de agua. La cuantía total destinada a esta convocatoria de ayudas a nivel andaluz, después de más de seis años, es de 14 millones de euros, una cifra que Asaja considera insuficiente comparada con el presupuesto de otros organismos (por ejemplo el Infoca, que se mueve con un presupuesto anual de alrededor de 160 millones de euros).

Cordón reclamó al nuevo gobierno de la Junta de Andalucía que saque una nueva convocatoria en este 2019 donde sí se permita a los solicitantes acceder a las ayudas realizando los trabajos de prevención de forma propia, sin obligación de contratar a una persona externa. «Solicitamos su revocación y modificación con unas condiciones que se adapten a la realidad del sector y que verdaderamente sean asumibles por los solicitantes», demandó Asaja en su momento, algo que ahora Cordón pide de nuevo aprovechando el cambio en el Ejecutivo andaluz.

Según explicó el colectivo empresarial, la Unión Europa no pone ningún impedimento a que las subvenciones se concedan de esta forma. El pago de las ayudas depende de la Consejería de Agricultura.