El Ayuntamiento de Málaga resaltó ayer que se ha vuelto a situar como uno de los consistorios más moderados de España en cuanto a los embargos a cuenta ordenados por la recaudación municipal en cumplimiento de los fines previstos para la consecución de una gestión integral del sistema tributario municipal a aquellas personas físicas o jurídicas que incumplan con sus obligaciones de pago en el periodo voluntario y que no han solicitado fraccionamiento o aplazamientos de los mismos.

Según detalla el Consistorio, los datos del Organismo Autónomo de Gestión Tributaria demuestran que las cifras entre 2015 y 2018 apenas oscilan entre una media anual en torno a 53.000 diligencias con importe embargado. Unos datos muy inferiores y prudentes respecto a los que ofrecen otras instituciones de características parecidas como el caso del Ayuntamiento de Madrid en el que se embargaron 42,6 millones de euros en 2017, 36,1 millones menos que en el caso de Málaga en el mismo periodo de tiempo, aseguran. En términos porcentuales, los embargos en el Consistorio madrileño se incrementaron un 13,12 por ciento en 2017 respecto al ejercicio anterior, mientras que en Málaga ese porcentaje es de un 4 por ciento.

Además, en 2015 el Ayuntamiento fue pionero en España en el desarrollo de la figura de la insolvencia provisional, así como la creación de un registro en el que se inscriben aquellas familias en riesgo de exclusión social cuyos ingresos no alcanzan el SMI y con el que se frena de inmediato cualquier embargo de cuenta hasta que se recuperen económicamente. Hay 364 familias inscritas en el registro y el montante que deben asciende a 550.000 euros. Con esta medida, afirman, protege a los que menos tienen para que puedan seguir adelante con las menos dificultades posibles.