El portavoz del PSOE en la Diputación, Francisco Conejo, compareció ayer acompañado de todos los diputados del grupo socialista para hacer balance de lo que han sido, según su partido, los casi ocho años en los que ha estado al frente de la Diputación el ahora consejero de Presidencia en la Junta de Andalucía, Elías Bendodo. Un día después de que éste se despidiera como presidente de la institución provincial, escenificando el traspaso de poderes con su sucesor, el popular Francisco Salado, Conejo habló de «una mochila oscura» que deja Bendodo en la Diputación, y que estaría repleta de políticas antisociales, que han ido ganando peso con los años, en un contexto de gestión marcada por «escándalos y fracasos».

Conejo denunció que Bendodo tiene «el dudoso honor de ser el único presidente de la Diputación que ha despedido empleados públicos de la institución». Una afirmación que hizo en referencia al ERE en la extinta Sopde y en Emprovima. Ambas empresas dependientes de la Diputación. «Supuso echar a medio centenar de trabajadores», afirmó. También cuantificó Conejo que en casi ocho años se habría reducido en 322 el número de empleados públicos. Conejo volvió a calificar como el presidente «más antisocial de la historia de la Diputación, con políticas que se han basado en desmantelamiento de centros, recortes, congelación de gasto corriente y disminución del personal».

En este punto indicó que se han cerrado en estos años la residencia de mayores de Colmenar, la escuela de Enfermería, el centro Básico de Acogida de Menores, la guardería de la Diputación y la Unidad de Atención Temprana. También tachó a Bendodo de «presidente antimunicipalista» y apuntó que los municipios malagueños «han perdido un total de 120 millones de euros de financiación estos dos mandatos», recordando el «encierro histórico de alcaldes» en 2013 «por los ataques a los pequeños y medianos municipios».

«Bendodo ha consagrado la Diputación como una administración discrecional con el reparto a dedo como gran marca de la casa», lamentó, acusándole de abandonar «las verdaderas competencias de la Diputación: las carreteras, y los bomberos, que sufren problemas laborales y carencias de infraestructuras». En su opinión, ha habido «retrocesos en políticas de igualdad y en la lucha contra la violencia de género».