El grupo municipal de IU-Málaga para la Gente (IU-MpG) denunció ayer el escaso número de sanciones que se han producido «en los últimos años por vulneración de la normativa municipal por exceso de ocupación de la vía pública de las sillas y mesas de las terrazas, especialmente en 2018 con sólo 24 expedientes abiertos y siete multas pagadas».

De hecho, han solicitado que la edil responsable del área, Elisa Pérez de Siles, comparezca este lunes en la Comisión de Economía para contestar a las preguntas de la oposición. «Pensamos que si no se sancionan los incumplimientos de la ordenanza eso genera la indefensión de los vecinos y la impunidad de los hoteleros incumplidores, a los cuales les sale muy rentable vulnerar la legalidad, ya que ganan mucho dinero poniendo muchas más sillas y mesas en sus terrazas de las que les corresponden y no tienen que pagar ninguna multa o, en el caso improbable de que tenga que hacerlo, como estamos viendo, su importe es de una pequeña cuantía, con lo cual las ordenanzas se convierten en papel mojado y no valen para nada», declaró el portavoz de la coalición de izquierdas, Eduardo Zorrilla.

IU-MpG exigió al equipo de gobierno del PP que extreme el control, la vigilancia, la inspección y, en su caso, que se sancionen de forma suficiente «los incumplimientos de la normativa vigente» en materia de vía pública. Zorrilla añadió que «el equipo de gobierno tiene la obligación de aplicar la ordenanza y la legalidad vigentes, puesto que lo que está en juego es el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, frente a los que no pueden prevalecer otro tipo de intereses, no se pueden seguir sin aplicar la legalidad vigente».

Aclaró Zorrilla que la extensión de los establecimientos hosteleros, bares de copas y terrazas que se están abriendo de forma masiva en la ciudad, especialmente en el Centro, y ello está «provocando que existan zonas en los que la proliferación de sillas y mesas de los bares y restaurantes llegan a dificultar e impedir el tránsito de los viandantes por la calle». Existen informes realizados por el propio equipo de gobierno que confirman esa tendencia, «como el del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), en el que se recoge que el 92% de los bares del Centro incumplen la normativa municipal y que más de la mitad no reserva el espacio peatonal al que obliga la legislación». El casco antiguo habría perdido más de 17.000 vecinos a lo largo de los últimos años.