La concejala de Vía Pública, Elisa Pérez de Siles, ha comparecido este lunes en la Comisión de Pleno de Economía, a petición de IU-Málaga para la Gente, y ha señalado que, desde que se aprobó definitivamente la nueva ordenanza de Vía Pública en junio de 2018, su área ha emitido un total de 132 órdenes de retirada de terrazas hosteleras y, como mecanismo disuasorio controlado íntegramente también por el departamento que dirige la edil popular, "se han realizado un total de 785 actas por ocupaciones de hecho con su correspondiente liquidación", frente a las 420 de 2017, cuando no regía la nueva ordenanza, por lo que la cifra se habría duplicado.

Las actas por ocupaciones de hecho se liquidan directamente, ha señalado, para explicar después que en 2018 se enviaron 140 actas de la Policía Local a Gestrisam, órgano de cobro de tasas e impuestos del Consistorio, con el fin de que abriera los expedientes sancionadores. En 2019, se han enviado 31 actas al organismo autónomo.

IU-MpG denunció el pasado viernes "el escaso número de sanciones que se ha producido en los últimos años por vulneración de la normativa municipal por exceso de ocupación IU-MpG denunció el escaso número de sancionesde la vía pública de las sillas y mesas de las terrazas, especialmente en 2018". La coalición, basándose en datos aportados a los vecinos, asegura que sólo se abrieron el año pasado 24 expedientes y se pagaron siete multas y, por ello, solicitaron que compareciera Pérez de Siles.

"Pensamos que si no se sancionan los incumplimientos de la ordenanza, eso genera la indefensión de los vecinos y la impunidad de los hosteleros incumplidores, a los cuales les sale muy rentable vulnerar la legalidad, ya que ganan mucho dinero poniendo muchas más sillas y mesas en sus terrazas de las que les corresponden y no tienen que pagar ninguna multa o, en el caso improbable de que tenga que hacerlo, como estamos viendo, su importe es de una pequeña cuantía, con lo cual las ordenanzas se convierten en papel mojado y no valen para nada”, explicó a este periódico el portavoz del grupo, Eduardo Zorrilla.

Elisa Pérez de Siles achacó los datos aportados a los vecinos por Gestrisam a que se trata del "número de expedientes resueltos, cuya tramitación, dado el procedimiento que lo regula, es bastante extensa en cuanto a trámites y plazos. No obstante, este dato lo puede proporcionar Gestrisam, que tiene delegada la competencia".

IU-MpG exigió al equipo de gobierno que extreme el control, la vigilancia, la inspección y, en su caso, que se sancionen de forma suficiente "los incumplimientos de la normativa vigente" en materia de Vía Pública. Zorrilla añadió que el equipo de gobierno "tiene la obligación de aplicar la ordenanza y la legalidad vigentes, puesto que lo que está en juego es el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, frente a los que no pueden prevalecer otro tipo de intereses, no se puede seguir sin aplicar la legalidad vigente".

Aclaró Zorrilla que la extensión de los establecimientos hosteleros, bares de copas y terrazas que se abren de forma masiva en la ciudad, especialmente en el Centro, está provocando que existan zonas en las que la proliferación de sillas y mesas llegan a dificultar e impedir el tránsito de los viandantes por la calle.

Existen informes, dijo Zorrilla, como el del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), en el que se recoge que el 92% de los bares del Centro incumplen la normativa municipal y que más de la mitad no reserva el espacio peatonal al que obliga la legislación. El casco antiguo habría perdido más de 17.000 vecinos a lo largo de los últimos años.