­El pasado 18 de enero de 2019 se cumplieron siete años de la fallida apertura del Museo de las Gemas, recordó ayer el portavoz de IU-MpG, Eduardo Zorrilla. Este grupo hizo una serie de preguntas al equipo de gobierno en el último Pleno y, como resultado de las mismas, se ha conocido ahora que aún hay dos procedimientos abiertos relativos al escándalo de Art Natura, uno judicial y uno tributario, sin que ninguno de ellos haya sido resuelto a estas alturas.

Así, en relación a la actividad desplegada por la Asesoría Jurídica Municipal en los dos procedimientos, el equipo de gobierno explica, en relación al proceso judicial, abierto en 2011, que por auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 se acordó acumular el recurso seguido por el procedimiento ordinario 328 de 2012, del Juzgado 2, de igual clase, para que se acordara en el recurso 326/2011, «seguido ante el primero por ser más antiguo». El 8 de febrero de 2017 se acordó la práctica de las pruebas propuestas por las partes, tanto documentales, testificales como periciales. Por providencia de 27 de julio de 2018, y en orden a la prueba testifical-pericial solicitada por el Ayuntamiento, el juez acordó el traslado de las contestaciones efectuadas por los testigos-peritos propuestos «para que sean repreguntados por la representación de Art Natura, estando pendiente de la práctica de dichas repreguntas que todavía no han sido proveídas por el órgano judicial». En cuanto a las gestiones cobratorias respecto del canon percibido por Art Natura, «dichas actuaciones no las lleva a la práctica la Asesoría Judicial Municipal, siendo competencia de los Servicios de Recaudación integrados en el Organismo de Gestión Tributaria del Ayuntamiento (Gestrisam)». Este departamento, según dice, sigue intentando cobrar la deuda.

«Existen dos procedimientos aún abiertos, uno judicial a cargo de la Asesoría Jurídica Municipal, y uno recaudatorio en la vía de apremio, a cargo de Gestrisam, para la devolución de los 6,3 millones de euros del canon que cobró Royal Collections», explicó Zorrilla, quien recordó que IU-MpG venía denunciando desde 2007 que lo que el PP presentó como proyecto estrella en las elecciones municipales (y después en 2011) no era más que un fiasco, que ha terminado por ser «un gran fiasco y un derroche para las arcas públicas y los bolsillos de los malagueños».

El edil recordó que se creó una Comisión de Investigación para aclarar las responsabilidades políticas de este fiasco que, finalmente, nadie asumió. Para IU-MpG el alcalde fue el responsable directo de que se firmara un contrato con la empresa Art Natura en 2006 sin garantías o avales que protegieran los intereses del Ayuntamiento en caso de incumplimiento por parte de la empresa, «lo que supuso una negligencia inexcusable con resultado muy perjudicial para las arcas municipales». También hubo responsabilidades políticas por parte del que fuera secretario del Estado Miguel Ángel Cortés, que hizo de mediador para que el proyecto llegara a Málaga y cuya empresa cobró 39.000 euros en concepto de asesoramiento. Este cargo del PP de Aznar no aceptó declarar en la Comisión de Art Natura, denunció.

Tampoco declaró el exconcejal de Urbanismo Manuel Díaz, al que IU-MpG le achaca la responsabilidad política de que no se realizara un estudio de cimentación del edificio de la antigua Tabacalera para la redacción del proyecto básico, lo que llevó a unos sobrecostes de la obra que alcanzó los 30 millones de euros, «a pesar de que es obligatorio». El fiasco de Art Natura también ha tenido durante la comisión de investigación un apartado relativo al uso electoralista del museo, declaró Zorrilla. Esto se justifica en hechos como que Miguel Briones, exdelegado de Cultura de la época, pidiera dos meses antes de las elecciones que no se hiciera público que el museo no abriría sus puertas «para no cabrear a media Málaga», ya que se había hecho una enorme propaganda del museo y abierto una oferta pública para contratar «supuestamente» a personas para trabajar en el recinto a la que se presentaron más de un millar de aspirantes. Zorrilla entendió además que el alcalde ya sabía desde 2009 que el proyecto no se llevaría a cabo y que a pesar de eso estuvo promocionándolo hasta poco antes de las municipales de 2011 con un claro fin electoralista.

«Mención aparte merece, según la coalición, el canon anual que el Ayuntamiento pagó a Royal Collections, 6,3 millones de euros, que con todos los recargos e intereses de demora alcanza ya los ocho millones de euros. Todas las facturas presentadas para justificar el cobro eran emitidas por las mismas siete empresas instrumentales.