El alcalde, Francisco de la Torre; al menos en el orden político, económico y jurídico. Desde hace diez días, De la Torre tiene en su mesa la memoria que le ha elaborado la comisión técnica nombrada en octubre pasado para estudiar la prestación del servicio de limpieza y recogida de forma directa por el Ayuntamiento.

Como resumen general, la comisión avala la constitución de una empresa pública, por ser más rentable, sostenible y eficiente y acredita que supondrá un ahorro de en torno a un 8 por ciento respecto al coste actual y apunta dos modalidades de gestión: mediante la conversión de Limasa en una sociedad de capital íntegramente público, o por la creación de una nueva sociedad municipal.

La comisión, integrada por Ángel Miranda, economista y actual interventor técnico de Limasa; Mónica Almagro Martín-Lomeña, letrada municipal de la asesoría jurídica, y Fermín Vallecillo, interventor municipal, deja claro en el dictamen de su memoria que la «naturaleza jurídica» de la entidad que se vaya a encargar de prestar el servicio debe ser una empresa pública.

En cuanto a la forma de gestión, los técnicos plantean dos modalidades: el cambio del modo de gestión de la actual Limasa con la compra de las acciones a los socios privados, pasando así de un modo de gestión indirecta por una empresa mixta, (fórmula actual), a una gestión directa mediante una sociedad mercantil de capital íntegramente municipal.

La otra modalidad es la creación de una nueva empresa municipal, como sociedad anónima municipal (SAM), al estilo de la que gestiona la EMT.

Al respecto, la comisión técnica ha recabado todos los asesoramientos e informes necesarios, en especial el del Ministerio de Administraciones Públicas, que no pone objeciones a la creación de una nueva empresa, dada la situación de solvencia financiera del Ayuntamiento puesto que éste tiene prácticamente cumplido el plan de ajuste que regía para el periodo 2013/2020.

La memoria contempla un informe acreditativo de las ventajas que tendría la modalidad de empresa pública.

Cuenta también con un informe del interventor de valoración de la sostenibilidad financiera de la propuesta planteada.

Y en tercer lugar, un informe económico sobre el coste previsible de la implantación de la nueva empresa.

Al respecto, este estudio es claro y determina que el coste de la empresa pública sería de un 8 por ciento menos, aproximadamente, que el de la actual Limasa.

Por último, la memoria entra a valorar las necesidades de inversión que tendrá la nueva empresa, aunque sin cuantificar esas necesidades, pero si advirtiendo de que esas inversiones deberán realizarse con una planificación plurianual que no ponga en riesgo la sostenibilidad de la empresa pública.