01 de febrero de 2019
01.02.2019
Prospecciones ilegales

Miles de voluntarios de Protección Civil buscan pozos como el de Julen

Unos 1.800 efectivos de la provincia y más de 5.000 del resto de Andalucía colaboran en la elaboración de un registro autonómico de perforaciones ilegales - Emergencias 112 también contribuirá a acabar con pozos como el de Totalán

31.01.2019 | 22:21
Zona de Totalán en la que se encuentra el pozo en el que cayó el pequeño Julen.

Casi 1.800 voluntarios de Protección Civil de la provincia de Málaga y más de 5.000 del resto de Andalucía trabajan desde esta semana en la búsqueda de pozos en situación ilegal como en el que cayó Julen. El llamamiento autonómico tiene un carácter de «emergencia» e implica por este motivo al servicio de Emergencias 112, así como a la ciudadanía en general. De hecho, cualquier persona puede aportar datos gráficos y localización exacta a través de la siguiente página web: http://atpca.es/ES/ATPCA13.html

De esta forma, la herencia de Julen también ha generado ese registro de pozos peligrosos, activado en estos días por la Asociación de Técnicos de Protección Civil de Andalucía (ATPCA). Toda la información recopilada de manera colaborativa será de enorme utilidad para agentes de la Guardia Civil y autoridades locales, provinciales y autonómicas a la hora de acabar con estas potenciales trampas.

«Infórmanos de pozos sin señalizar ni proteger, que representen un peligro para personas y animales», expresa el propio colectivo en la circular con la que trabajan miles de voluntarios desde anteayer. En las primeras horas de la alerta, el servicio de Emergencias 112 empezó a recibir las primeras contribuciones de personas interesadas en aportar su ayuda a esta campaña.

«Si el pozo del que nos vas a informar presenta un peligro inminente que pueda poner en riesgo vidas, llama de inmediato a Emergencias 112 Andalucía e infórmales de la situación de peligro», apunta en la propia web la ATPCA. Los técnicos de Protección Civil se comprometen, como confirmaron ayer a este periódico, a «notificar la información recopilada en el nuevo registro a los ayuntamientos directamente afectados por la existencia de pozos en sus términos, pero a la vez se dará cuenta a las agrupaciones locales de Protección Civil y a los agentes medioambientales de la Guardia Civil».

Los ciudadanos que detecten un pozo ilegal sin las mínimas medidas de seguridad, como se especifica asimismo en la web del nuevo registro, deberán como recomendación «subir una foto horizontal de la zona o del pozo». De esta manera, las autoridades dispondrán de una constancia gráfica de la existencia de la perforación que pueda entrañar un peligro potencial, según matizaban los propios responsables de este entorno digital.

Regulación de las aguas


El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, aludió a todas las perforaciones sin medidas de seguridad que puedan existir en España. Durante una entrevista en Cope, rememoró el caso del pequeño Julen y expresó: «Me quita el sueño no el millón de pozos, sino un solo pozo ilegal que haya, porque es un riesgo como se ha visto en este caso tremendamente desgraciado», alegó.

También propuso que estas infraestructuras se sometan a la regulación legal del agua: «Soy un gran defensor del regadío y hemos progresado en la última década, pero no es suficiente, el agua es un bien que tiene que ser regulado, porque el cambio climático está ahí y tenemos que conseguir un uso eficiente del agua».

Por su parte, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Joaquín Páez, recordó que los permisos para realizar un pozo dependen de la Dirección General de Minas y anunció que se incrementará la vigilancia, al tiempo que pedía que se denunciase ante la sospecha de prospecciones ilegales.

Páez fue preguntado en Granada por estas circunstancias, una vez que en esta provincia se clausuró el pasado miércoles un pozo de características similares en diámetro y profundidad al de Julen. Se trataba de una perforación en una finca sin vallar, ubicada en un paraje entre Ventas de Huelma y Ácula, a 23 kilómetros de Granada capital, y del que alertaron dos niños de corta edad. El presidente de la CHG expresó que el pozo clausurado disponía de los permisos necesarios y que su existencia fue comunicada a la Confederación, aunque también que, según las imágenes, no contaba «con el encamisado de protección obligatorio».

Páez no aludió a la campaña de Protección Civil, pero hizo un llamamiento a la sociedad para que cuando cualquier persona vea un pozo y tenga dudas sobre su posible ilegalidad, se denuncie su ubicación, prioritariamente ante Minas o en el ayuntamiento donde se localice, «que debe también dar un permiso de obras previo a la perforación» para buscar agua.

Agregó que la Cuenca «no se dedica a buscar pozos ilegales, pese a que cuenta con el departamento de policía fluvial, que sí controla si se extrae más agua de la permitida o si se hace desde un pozo ilegal». Al respecto, subrayó que sólo en la provincia granadina la Confederación tiene abiertos más de un centenar de expedientes por extracción de agua, algunos con más de un pozo. Páez avanzó que la intención es «incrementar las labores de vigilancia para evitar tragedias como la de Julen».

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