No hay una cifra exacta de pozos ilegales en la provincia. La Junta reconoce la existencia de al menos un centenar, aunque señala que la mayoría son antiguos y que muchos de los que estaban hasta hace unos años abiertos se han cerrado a raíz de las denuncias que periódicamente llegan al Seprona. Sin embargo, los grupos ecologistas consultados indican que sólo en la comarca de la Axarquía existen más de 200 agujeros ilegales de características bastante parecidas al que propició la caída de Julen.

Colectivos agrarios como Asaja, COAG o UPA expresaban ayer que no se puede perseguir ahora a un sector que tradicionalmente cumple con la normativa. «No hay pozos modernos realizados ilegalmente porque el pocero se expone a una sanción, de manera que pide las autorizaciones, y el propietario de la finca, también puede recibir una multa y no le sale gratis hacer la perforación irregularmente», es lo que apuntaba el secretario provincial de COAG, Antonio Rodríguez. Y también defendía la misma postura el presidente provincial de Asaja, Baldomero Bellido.

Con estos últimos testimonios, resulta extraño que el pozo situado en el Cerro de la Corona de Totalán careciera de permisos. «Si estaba en suelo no urbanizable, no quiere decir que no pudiera hacerse. Pero otra cosa es que allí fuesen a construir una casa sin licencia», añadía ayer otro de los portavoces agrarios. En este sentido, fuentes judiciales reconocían ayer que sí puede efectuarse una perforación con la intención de buscar agua con fines agrícolas en un terreno no urbanizable común, como es el caso de la finca familiar en la que falleció el pequeño Julen.

Al tratarse de un suelo rústico que no tiene ningún tipo de protección o afectación, ya que no es parque natural ni zona protegida, en la parcela de Totalán se podría haber pedido permiso para excavar el pozo, algo que no se hizo, o realizar cualquier otra actuación, «pero siempre con un informe vinculante favorable». Los trámites hubiesen sido la solicitud de una autorización a la Dirección General de Minas, entidad competente para los permisos para prospecciones en busca de agua.

Un segundo trámite se tendría que haber realizado en la Dirección General de Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas en la Demarcación de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

El dueño del terreno, según las primeras pesquisas, no lo tramitó en ningún departamento del Gobierno autonómico, por lo que será el Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga el que tendrá que dirimir si estos hechos son constitutivos de algún tipo de reproche, de tipo penal o administrativo. Según las investigaciones, tanto el pozo como los movimientos de tierra se realizaron en diciembre, y todo apunta, a que primero se hizo la perforación y posteriormente se movió la tierra.

Según fuentes de la Junta, en la provincia suelen darse dos tipos de pozos ilegales, de prospección, «aquellos que se hacen para ver si hay agua», y los de extracción de aguas, bien porque no esté autorizado dicho aprovechamiento o porque se esté usando un mayor caudal del concedido. En el caso del abierto por «el novio de la prima del padre de Julen, todo apunta a que se trataba de una prospección tapada con piedras». De estos el número puede ser mayor al inventariado por la propia Junta.