El PSOE y Málaga Ahora han pedido el cese inmediato del concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, la edil de Servicios Operativos, Teresa Porras, y el gerente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, José Cardador, después de que la Fiscalía haya decidido presentar una denuncia contra los mismos tras la existencia de unas diligencias de investigación abiertas a raíz de la Comisión de Investigación sobre los miles de expedientes urbanísticos sancionadores supuestamente caducados y una vez que varios partidos llevaran las conclusiones y otra documentación al ministerio público.
El portavoz del PSOE, Daniel Pérez, se mostró contundente tras conocer el hecho. "En los últimos meses denunciamos cómo, supuestamente, en Urbanismo se trabajaba al margen de la legalidad, se modificaban o dejaban morir expedientes, se le pedía a los funcionarios que mirasen para otro lado y se sancionaba y castigaba a quien no obedecía. Ante esto no cabe otra lectura que actuar con contundencia: la corrupción no puede ni debe ser tolerada", ha dicho hoy Pérez. "Fueron los propios funcionarios quienes denunciaron estas injerencias, este entramado que entorpecía a propósito la labor fiscalizadora de la Gerencia y cómo, si no estaban de acuerdo con estas órdenes, se les cesaba de su puesto y se les condenaba al ostracismo, mientras el alcalde era perfecto conocedor de todo lo que sucedía", ha indicado.
Cabe recordar, dicen los socialistas, que fue el PSOE el que aportó pruebas sólidas de manipulación del foliado en los expedientes a la Fiscalía, así como cambios en las bases de datos o las instrucciones, por escrito, para poder interferir, por parte de cargos de confianza y políticos, en los expedientes sancionadores abiertos. "Ha quedado adecuadamente demostrado de cara a la justicia que hay base indiciaria suficiente para demostrar que hubo prevaricación y tráfico de influencias, tal y como acaba de refrendar con su denuncia la Fiscalía", explicó el candidato socialista.
"Exigimos al alcalde que cese de inmediato a Pomares, Porras y Cardador de sus funciones. De igual modo, también exigimos esa postura a su socio de gobierno, Ciudadanos, ya que esta formación ha firmado con el PP un documento donde muestran tolerancia cero ante este tipo de corrupción política. Confiamos en que así lo hagan, de lo contrario demostrarán que lo que firmaron es simple y llanamente papel mojado", ha sostenido Pérez.
El portavoz del grupo municipal de IU-MpG, Eduardo Zorrilla, exigió la dimisión inmediata de los ediles "por la gravedad de los delitos de los que se les acusa". Además, ha pedido al alcalde que asuma sus responsabilidades políticas en el caso de los expedientes de infracciones urbanísticas sin tramitar ya que está plenamente acreditado que el alcalde tenía total conocimiento de todo lo que estaba pasando. "No es una suposición, sino que hay escritos dirigidos a él y algunos con acuse de recibo. "El alcalde lo sabía y lo permitió y en vez de actuar permitió que se apartara de sus funciones a personas que no querían mirar para otro lado y que ponían obstáculos a las injerencias políticas y dificultaban que se pudieran perpetrar delitos gravísimos como los que ahora se investigan", ha subrayado Zorrilla
Zorrilla ha calificado el asunto como el más grave y escandaloso que se ha vivido, no sólo esta Corporación, sino en todo el periodo de gobierno del Partido Popular, "no solo se les acusa de graves delitos sino que además se ha ordenado a la Policía que se siga investigando hechos muy preocupantes como la desaparición de documentos, alteración informática y nuevo foliado de los expedientes".
Málaga Ahora, por su parte, también ha sido contundente. "Consideramos que los delitos que denuncia el fiscal son muy graves y sólo se pueden ejercer en cargo público, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad documental; lo que obliga a retirarlos de sus cargos de concejales y gerente por ética y para que no entorpezcan la investigación. Ya lo dijimos en la comisión: ha habido irregularidades muy graves en procedimientos de la Gerencia, creando equipos ad hoc que no cumplían la legalidad y retrasando hasta su caducidad los expedientes sancionadores, todo de forma pormenorizada y organizada. El alcalde tenía conocimiento a través de trabajadoras de lo que ocurría y no actuó, por lo que es igualmente responsable político y veremos si en el curso de los meses no se le imputa ningún delito".
