Los concejales del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras y Francisco Pomares han sido denunciados por la Fiscalia de los presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación por omisión, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, por las presuntas irregularidades que se cometieron en los expedientes de infracción urbanística en la capital y especialmente en la promoción Villas del Arenal. La Fiscalia remite el caso al juzgado y pide la declaración como investigados de los dos concejales denunciados y de José Cardador, gerente de Urbanismo.
El ministerio público, según ha adelantado hoy la Cadena Ser, inició unas diligencias de investigación como consecuencia de la apertura de un comisión de investigación en el Ayuntamiento que estudiaba las posibles irregularidades cometidas en los expedientes de infacción urbanística. Ello dio lugar a una primera denuncia presentada por el grupo de Ciudadanos -a la que se sumaron PSOE y Málaga para la Gente- tras las manifestaciones de dos exjefes de urbanismo en la comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas que denunciaron "injerencias políticas" y otras medidas para "dejar morir" miles de expedientes
Así, estos indicaron en la comisión, y posteriormente ampliaron ante el fiscal, que la "injerencia política" comenzó con la llegada de concejal Pomares y el gerente, José Cardador, relatando que las acciones que le encomendaban hacían "sumar y dilatar tiempos" en el expediente de Villa del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo 'b'.
La Fiscalía pidió a un equipo del Seprona de la Guardia Civil que analizara la documentación presentada por la Gerencia de Urbanismo sobre Villas de Arenal, señalando, según fuentes de la investigación, que de los expedientes sancionadores se archivaron unos 60, la mayoría por prescripción de la infracción y que de otros 83 procedimientos que aparecen sólo en uno se ha cobrado un multa.
Además de pedir al juzgado que admita la denuncia y abra diligencias, según las fuentes, la Fiscalía solicita a la Policía Nacional que investigue la presunta alteración informática de los expedientes, denunciada por el grupo municipal del PSOE; y la posible desaparición de documentos, según dijo uno de los exjefes de urbanismo. También insta a la Junta a que estime el perjuicio municipal por la supuesta falta de tramitación o terminación de expedientes.
Pomares y el responsable de la Gerencia de Urbanismo remitieron a la Fiscalía un escrito sobre la versión de los hechos denunciados y saliendo al paso de las afirmaciones realizadas en la comisión, adjuntando otra documentación relacionada. Además, desde el PP siempre han negado cualquier tipo de injerencia.
