No basta con que en las últimas semanas se hayan localizado más de 200 pozos en la provincia, a raíz de una iniciativa de Protección Civil en Andalucía para hallar trampas físicas como la que acabó con la vida de Julen. Ni tampoco que ayuntamientos como Vélez-Málaga o Alhaurín de la Torre se hayan puesto manos a la obra y en estos días hayan clausurado alrededor de una veintena de perforaciones o pozos irregulares.

El Gobierno central tiene previsto intensificar la búsqueda de pozos ilegales, de manera que va a convocar desde su delegación autonómica en Andalucía a una reunión con multitud de responsables y de agentes públicos implicados en esta materia. Portavoces de la Junta de Andalucía, de las distintas cuencas que regulan el control de las aguas, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMA) o de la Guardia Civil estarán convocados para «intensificar y coordinar las inspecciones, denuncias y actuaciones que se están llevando a cabo».

La decisión comunicada ayer fue tomada por la Comisión de Asistencia Territorial al Delegado ante la situación de alarma creada por el denominado caso Julen y por el nuevo suceso, que trascendió ayer, el hallazgo de un cadáver dentro de un pozo en Chiclana. En esta reunión participaron los subdelegados provinciales, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que depende del Ministerio para la Transición Ecológica, Joaquín Páez, y el general Manuel Conteras, jefe de la Cuarta Zona de la Guardia Civil en Andalucía.

En el transcurso de la comisión quiso lanzarse un mensaje a la población, en términos de que se mantenga la «tranquilidad, puesto que se está trabajando de forma ordinaria y se va a intensificar la coordinación interadministrativa para su control». En la convocatoria próxima tendrá un papel importante la FAMP, puesto que sus ayuntamientos deberán ser informados de cualquier actuación de perforación en sus terrenos.

Pero es la Junta de Andalucía, a través de la delegaciones provinciales de Minas, la que otorga el permiso para ejecutar las citadas infraestructuras. Posteriormente son los organismos de cuenca en la comunidad, como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los que autorizan las concesiones de extracción de agua y las que actúan «abriendo expedientes de oficio en el caso de pozos ejecutados en zonas sobreexplotadas, en perímetros de abastecimiento protegido o en zonas de policía, las que con un máximo de 100 metros se localizan en las márgenes de los ríos.

Ayer se remarcó que sólo en la zona próxima a Doñana se han podido localizar cerca de 80 pozos ilegales. Y también se dio a conocer por parte de la CHG la web www.chguadalquivir.es/ide, que actúa como «punto de acceso a la información geospacial de las demarcaciones del Guadalquivir, Ceuta y Melilla que proporciona un catálogo de información, visualizadores cartográficos, descarga de información, herramientas de búsqueda, consulta de las redes de control o manuales de ayuda». Cualquier persona puede ahí consultar la ubicación de las prospecciones ilegales expedientadas.

Decisión sobre la finca de Totalán

Ayer se conoció también la autorización por parte del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga para que se tomen medidas de refuerzo y contención sobre el terreno donde se localiza el pozo al que cayó Julen. Dicha medida se toma «tras finalizar la Guardia Civil todas las pesquisas necesarias». Así se podrán evitar movimientos de tierra peligrosos, bien por la lluvia o por otros condicionantes. Los trabajos comenzarán la próxima semana y su principal objetivo es reforzar terraplenes y taludes.

Por otra parte, la titular de dicho juzgado, que aún no ha tomado declaración ni al pocero ni al propietario de la finca, ha admitido la personación de los padres de Julen en el procedimiento penal abierto. Sin embargo, no ha autorizado a que pueda personarse al dueño del terreno, que también lo había solicitado. En este caso no se habría justificado si la petición es por ser perjudicado o investigado.