La Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) ha lamentado este martes el "estancamiento" que muestra el volumen de licitaciones de obra pública en la provincia, tras crecer el importe apenas un 5% en 2018 frente al 83% de subida que presentó Andalucía. Los constructores han comentado que los 292,2 millones registrados en Málaga están muy lejos del récord de casi 1.500 millones que se alcanzó en 2007 y pese a haber subido algo respecto a los peores años de la crisis (127 millones en 2015), no alcanza la cuantía mínima que, a juicio, del sector le correspondería a Málaga.

La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón (acompañada por la presidenta del Grupo de Contratistas de ACP, María García, y del de Promotores, Miguel Rebollo), afirmó que si se invirtiera en Málaga la media que alcanzó España el pasado año la inversión se habría ido a los 500 millones de euros, un dato que en su opinión sí serviría para asegurar la competitividad de la provincia como "locomotora" de la economía andaluza. Los constructores han explicado que la inversión media por habitante en Málaga se quedó en 180,42 euros, mientras que la media española fue 209 euros, y la andaluza de 233,81 euros. En la región se invirtieron 1.962,2 millones en 2018.

Por administraciones, la local (ayuntamientos y Diputación) y la regional (Junta de Andalucía) aumentaron su inversión alrededor de un 30%, pasando de 135,6 a 174,8 millones y de 65,3 a 83,1 respectivamente. El poder local se alza así un año más como el mayor dinamizador de la obra pública en la provincia. Por contra, el peor papel lo representó en esta ocasión la inversión del Gobierno central, que se redujo en un 55% con respecto a 2017: de 77,5 millones se pasó a 34,3 millones. Los representantes de la ACP han destacado que esta cantidad ha quedado muy lejos de los 140 millones comprometidos en los Presupuestos Generales del Estado.

"El Estado ha invertido en Málaga unos 60 euros habitante/año, cuando en el resto de las provincias españolas invierte de media unos 100", ha comentado la presidenta del Grupo de Contratistas de ACP, María García, para quien esta situación supone un "abandono y falta de compromiso hacia una provincia con uno de los mayores potenciales de crecimiento del país". La ACP ha reclamado "seriedad", recordando que "año tras año observamos en los Presupuestos Generales del Estado el anuncio de la licitación de las mismas obras, que luego nunca se ejecutan". Las principales obras licitadas en 2018 fueron los 32,4 millones del metro al Hospital Civil por parte de la Junta (ahora en entredicho con el nuevo gobierno de Juanma Moreno), los 16 del Paraninfo de la UMA y los 11,9 de la estación del AVE en Antquera (Gobierno).

Aragón ha advertido de que si se prolonga el estancamiento de la inversión pública en Málaga "se resentirían los datos de empleo en construcción" y la provincia perdería competitividad, y ha añadido que las infraestructuras son "vitales" no solo para afianzar el liderazgo turístico sino también para los ciudadanos. Los datos de la ACP marcan la misma tendencia que los realizados por otras patronales como Seopan, aunque las cifras globales difieren algo por las diferencias de metodología al repasar las obras incluidas en los informes.

Asimismo, ha insistido en la necesidad de que haya estabilidad política para el "buen funcionamiento" de la economía porque las infraestructuras son "proyectos a largo plazo", de manera que no se pueden tomar "decisiones de un día para otro ni para hacer obras ni para dejar de hacerlas".

Por su parte, María García, ha expresado su preocupación por la diversidad de criterios de aplicación de las administraciones de los nuevos requisitos de la Ley de Contratos. "No puede ser que se le dé la máxima puntuación a la empresa que más vehículos eléctricos adscriba a una obra, sin estudio de cuantos son los que realmente se necesitan o una comprobación posterior de que los vehículos comprometidos están realmente en la obra y no repartidos por toda España", ha señalado.

Con respecto a las ofertas a la baja en las adjudicaciones, los constructores han informado de que en 2018 la media fue del 20%, menos que otros años, aunque la cifra aún es considerada "excesiva". La nueva Ley a recoger otros requisitos de calidad además del económico, pero en la práctica se están convirtiendo en lo que los constructores denominaron "bajas en especie", según ha explicado la ACP.

El sector de la construcción en Málaga emplea actualmente a unos 60.000 trabajadores, el doble que en los años más duros de la crisis. No obstante, la recuperación de la actividad ha venido por la parte de la edificación de vivienda (sector privado), y no por la obra pública. La ACP ha recordado que en 2007, antes de la crisis el esector llegó a emplear a unos 120.000 trabajadores.