15 de febrero de 2019
15.02.2019
Tribunales

Pomares y Porras, citados como investigados por el caso Villas del Arenal

Los dos ediles del Ayuntamiento de Málaga tendrán que declarar el próximo 25 de abril junto al gerente de Urbanismo, José Cardador - El juez ha pedido también a la policía que investigue la posible alteración y desaparición de documentos

15.02.2019 | 18:27

El titular del juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha dictado un auto de diligencias previas en el caso Villas del Arenal en el que cita como investigados a los ediles del Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares y Teresa Porras y al gerente de Urbanismo, José Cardador.

Los tres están citados para el próximo 25 de abril, según confirmó José Carlos Aguilera, abogado que se ha hecho cargo de la defensa de Porras y Pomares, mientras que la defensa de Cardador será llevada por Antonio Caba, exalcalde de Estepona. Pomares ha sido citado a las 9.30 horas; José Cardador a las 11.00 y a las 12.30 Teresa Porras.

En el auto , fechado el pasado 13 de febrero, su titular Juan Pedro Jiménez, señala que «no estando determinadas la naturaleza y circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos han intervenido» decide tomarles declaración para instruir las mencionadas diligencias previas.

Además, se fija el día 30 de abril para que declaren cinco testigos, entre ellos los tres excargos de Urbanismo que pusieron de manifiesto estas presuntas irregularidades en la comisión municipal; y para el 7 de mayo otros siete testigos, propuestos como los anteriores por el ministerio fiscal.

Perjuicio económico


El instructor ha pedido también que se libre oficio a la comisaría provincial de Málaga a fin de se investiguen los hechos relacionados con la posible alteración informática de los expedientes de disciplina urbanística relativos a la Urbanización Villa del Arenal y la posible desaparición de documentos y nuevo foliado de los mismos, una denuncia que realizó el PSOE.

Además requiere también a la delegación territorial de la Consejería de Ordenación del Territorio para que, a la vista de los expedientes de disciplina urbanística de la promoción Villa del Arenal, emita informe técnico en el que se especifique, en la medida de lo posible, el perjuicio para las arcas municipales derivada de la falta de tramitación y/o conclusión de los expedientes sancionadores incoados.

Las diligencias se abren a partir de la denuncia formulada por la Fiscalía sobre los tres investigados a los que denunciaba por los posibles delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y otros. Todo ello, a raíz de la comisión de investigación desarrollada en el Ayuntamiento de Málaga para dilucidar los expedientes de infracciones urbanísticas abiertos en los últimos años y, especialmente, los que afectan a los propietarios de la urbanización Villas del Arenal.

En las sesiones de esa comisión, varios exjefes de la Gerencia de Urbanismo denunciaron la existencia de «injerencias políticas» por parte de ambos ediles para eliminar las posibles sanciones derivadas de dichos expedientes de infracción.

Como consecuencia de ello, en primer lugar Ciudadanos y después otros grupos municipales llevaron estas denuncias a la Fiscalía para que fueran investigadas. La Fiscalía pidió, a su vez, un informe al grupo del Seprona de la Guardia Civil sobre la situación de los más de 114 expedientes abiertos en Villas del Arenal.

Ultimátum de Ciudadanos


En base a este informe y a las declaraciones prestadas por Teresa Domingo, Esther Sedano y Alberto Íñiguez, que habían ostentado diversas jefaturas en el departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo, la Fiscalía formuló escrito de denuncias sobre Pomares, Porras y Cardador señalando que los hechos denunciados podían ser constitutivos de los delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencia, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

El pleno del Ayuntamiento, en su última sesión, aprobó por acuerdo de todos los grupos, excepto el PP, instar al alcalde a que destituyera a los tres denunciados en el momento en que fueran llamados a declarar como investigados. Posteriormente, Ciudadanos lanzó un ultimátum al alcalde dándole 48 horas para cesar a ambos concejales, una vez fueran citados como investigados, y si no tomaba esa medida daría por roto el pacto de investidura.

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