Los padres de Teatinos han puesto todas sus esperanzas en el nuevo Gobierno andaluz para que atienda sus reivindicaciones históricas. El miércoles se reúnen con la nueva delegada de la Junta, Patricia Navarro. Años y años de desengaños han hecho que ahora fíen el futuro escolar de sus hijos en el cambio de Ejecutivo. El nuevo consejero y su equipo asumen una cartera plagada de retos. La educación necesita una planificación años vista. Cualquier cambio es lento. Y como las familias de Teatinos, el resto de la comunidad educativa ya tiene también su lista de reclamaciones, bajo el prisma de sus distintos intereses e incluso ideologías.

«Al consejero Imbroda le pedimos exactamente lo mismo que a los anteriores», señala Pilar Triguero, portavoz de la Federación de Padres FDAPA. «Que prioricen la educación publica, que las partidas presupuestarias destinadas a educación sean consideradas inversión y no gasto y que tengan en cuentan siempre los programas de mejora porque, una mejor educación, redunda en una sociedad mejor», comienza.

Los padres entienden que el diálogo ha de presidir todas las acciones del nuevo equipo de la Consejería. «No queremos repeticiones de la LOMCE, sino que todas las medidas educativas que quieran ser aprobadas sean antes discutidas con todos los sectores», señala Triguero.

Del mismo modo, la representante de la FDAPA, en defensa de la escuela pública, insiste en que ésta vertebra el sistema educativo.

«Entendemos y respetamos cualquier otra opción que elijan los padres, pero no podemos jugar con la Constitución y su artículo 27. Para nosotros, la libertad de elección de las familias siempre tiene que estar sujeta a una planificación educativa racional y equitativa», explica.

Francisco José González Díaz, interpreta este artículo 27 de distinta manera que Triguero. El patrono y asesor jurídico de la Fundación Victoria, confía en que Imbroda mantenga el «principio de igualdad para favorecer la libertad de elección de centro por parte de los padres». «La red de centros concertados forma parte del sistema público educativo andaluz, como dice la ley, y eso tiene que ser efectivo, independientemente de la titularidad pública o privada de los centros», señala.

El también presidente de la Federación Andaluza de Centros Diocesanos y Parroquiales (Facedipa) solicita igualmente que no haya diferencias en el orden económico. «El concierto educativo, hoy en día, no da ni para las tizas», asegura gráficamente. Insiste en que el nuevo consejero debería de valorar el puesto escolar de igual manera en la concertada y en la pública. La Junta se encarga de satisfacer, por delegación, el pago de las nóminas del profesorado. También destina una partida para gastos variables. Y un tercer módulo de gastos variables que, a juicio de González Díaz, sirve para pagar al resto de personal, como conserjes, limpiadoras, logopedas, orientadores... «En el orden retributivo y de equiparación salarial del profesorado se ha mejorado, pero en el de mantenimiento de los centros no. Los públicos son competencia de los ayuntamientos, pero los concertados no tenemos mucho margen», insiste. Y recuerda que una plaza en la concertada le cuesta a la Adminstración la mitad que una de la pública.

González Díaz se muestra «ilusionado» con el cambio de Gobierno en la Junta. Y ante la baja natalidad y la bajada de la demanda que se puede vivir en los próximos años, recomienda a los colegios «que se pongan las pilas». Aunque opina que para lograr mejores resultados educativos es necesario reducir la ratio y aumentar las plantillas de profesores.

La presión de plazas se centra ahora en los centros de Secundaria, sobre todo en determinadas zonas de la provincia.

Por ello, la Consejería habrá de poner el foco en la construcción de nuevos institutos o en ampliar los que ya existen, dotándolos de más plazas. «En Málaga falta que la planificación se concrete sobre todo en esta etapa de boom de ESO en la construcción de los centros adecuados a las necesidades de la provincia», precisa Triguero.

Los sindicatos de profesores, por su parte, creen que lo más urgente es que el consejero tenga en cuenta la oferta de empleo público que se acordó con el anterior Gobierno y que no disminuya las plazas. «Eran 4.000», recuerda María Gracia del Amo, secretaria provincial de ANPE, que señala que la oferta actual no se cumple siquiera la tasa de reposición respecto a las jubilaciones que hubo el año pasado.

Anpe también pide la apuesta firme por la mejora de la educación pública, que se tenga en cuenta al profesorado en todas las decisiones, que se refuercen y amplíen las plantillas docentes y que se apueste por los apoyos educativos, dotanto de más horas a los maestros de PT y AL, para atender a los alumnos con necesidades educativas especicales.

«En muchos centros las ratios están desbordadas, por lo tanto hace falta muchos más maestros», indica Del Amo.

El sindicato insiste en la necesidad de que los docentes sean considerados autoridad pública y en la equiparación salarial con el resto de comunidades autónomas. «Lo llevaban en su programa, pero hasta que no lo veamos no lo creeremos». También piden que la formación del profesorado para la resolución de conflictos sea en el centro y en horario lectivo; y la devolución de las pagas extras de 2013 y 2014.