Los controles que realizan las administraciones públicas provocaron el pasado año que 714 malagueños que venían cobrando una prestación no contributiva por jubilación o invalidez vieran extinguido este derecho al comprobarse que sus ingresos superaban los límites establecidos para poder beneficiarse de esta paga, según el nuevo informe de gestión publicado estos días por el Imserso, organismo dependiente del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Con estas cifras, el balance de los últimos ocho últimos años arroja que 6.610 personas residentes en la provincia vieron retirada esta pensión, a una media de 826 al año.
Las pensiones no contributivas, cuya competencia está transferida a las comunidades autónomas y que en el caso de Andalucía gestiona la Junta, son aquellas que la Seguridad Social ofrece, previa solicitud, a las personas mayores de 65 años que no han cotizado nunca o que lo han hecho de forma insuficiente para poder solicitar una pensión contributiva y a las personas entre 18 y 65 años afectadas por discapacidad o enfermedad crónica, en un grado igual o superior al 65%. La mayoría de las pensiones anuladas con los controles en 2018 fueron prestaciones por jubilación, 412, junto a otras 302 por invalidez. También se modificó la cuantía de la pensión a otras 478 personas, ya sea para bajarla o para subirla, al registrarse cambios en el nivel de ingresos del beneficiario dentro del margen admitido.
En la provincia de Málaga hay 13.093 jubilados que cobran esta paga y otros 8.141 personas que reciben una prestación no contributiva por invalidez, lo que da un total de 21.234 pensiones no contributivas, con datos a enero de este 2019. Así, las pensiones que se anulan suponen de cualquier forma un peso muy reducido (un 3,3%).
Las cuantías de las prestaciones, por otro lado, son bastante bajas (la pensión media por jubilación está en 381,9 euros al mes en la provincia y la de invalidez, en 418,2, según la estadística de enero). La Junta de Andalucía las complementa con una paga única anual que, en 2018, supuso 125,50 euros por perceptor.
Para poder recibir una pensión no contributiva, no obstante, es preciso acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos. En el caso de las de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar los 5.321,4 euros anuales. Si convive con más personas en el hogar, el límite se amplía y puede llegar a un máximo de 50.553 euros por unidad familiar al año en el caso de que viva con sus hijos o padres y sean más de cuatro las personas en la casa.Control administrativo
Aunque de entrada cumplan estos requisitos y accedan a una pensión no contributiva, el Gobierno controla periódicamente los ingresos de los beneficiarios a través de la información recibida de las direcciones territoriales del Imserso y de los órganos competentes de las comunidades autónomas (gestoras de estas prestaciones) y puede modificar las cuantías o retirar la paga si se superan los baremos de renta establecidos.
Las administraciones tienen dos vías para revisar estas pensiones. Por un lado, los pensionistas están obligados a presentar en el primer trimestre de cada año una declaración de ingresos personales y de los demás miembros de la unidad familiar, tanto referidos al año anterior y los previstos para ese ejercicio. Desde la administración se verifica la documentación cruzándola con sus bases de datos. Si el beneficiario incumple su obligación de presentar la declaración de ingresos se le suspende cautelarmente la paga.
El otro sistema de control es a través de revisiones de oficio y a instancias de parte. Se actúa cuando se sospecha que han cambiado las circunstancias del pensionista, que por ley está obligado a comunicar en el plazo de un mes cualquier cambio en su renta.
Como resultado de estos dos mecanismos de control, la Seguridad Social puede retirar la prestación si comprueba que se supera el tope legal de ingresos. Así, en 2018, tras realizar las revisiones ordinarias, se retiró la prestación a 111 malagueños, que se sumaron a los 603 que se quedaron sin la paga tras las inspecciones de oficio realizadas por la Seguridad Social.
Desde el Colegio de Graduados Sociales de Málaga, se ha recordado en alguna ocasión que los beneficiarios de las pensiones no contributivas deben de comunicar a la Junta de Andalucía cualquier cambio que se produzca en la situación económica de la unidad familiar (ingreso nuevos, caso de un alquiler, un rendimiento o alguna prestación pública diferente que se esté cobrando, por ejemplo una pensión de viudedad).
Esta comunicación evitaría reclamaciones posteriores por cobros indebidos, modificación de la pensión, o incluso la extinción. El Colegio recuerda además que estas personas, en el caso de que se les retire la pensión, se enfrentan además a la obligación de devolver lo indebidamente cobrado.
Superar los niveles de renta establecidos no es la única razón para retirar la paga no contributiva. Así, en estos últimos ocho años se anularon 5.525 pensiones no contributivas de jubilación o invalidez en Málaga (725 en 2018) tras constatar que el beneficiario había fallecido, la mayoría a raíz de las inspecciones administrativas de oficio e instancia de parte.
