­El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Málaga destinó a la amortización anticipada de la deuda municipal más de 46,3 millones de euros a finales del ejercicio 2018, lo que criticó el concejal no adscrito Juan José Espinosa, que pertenece a Podemos. Este edil presentó después una batería de preguntas en las que criticaba por qué no se había destinado ese dinero a inversiones financieramente sostenibles, a lo que el Consistorio le ha respondido que el superávit, por ley, debe destinarse a reducir el importe de la deuda.

Espinosa señalaba que en el Pleno Extraordinario de noviembre se aprobaron los expedientes de modificación de crédito quinto y sexto del presente ejercicio presupuestario. «En el sexto, se proponía la amortización anticipada de deuda por valor de 46.372.229,4 euros», dijo Espinosa en sus preguntas, fechada el 19 de noviembre de 2019. «No tuvimos respuesta verbal en la comisión de Economía previa al Pleno Extraordinario, ante el requerimiento de información sobre las características de los contratos de préstamos afectados y el coste de la operación, ya que no quedan reflejados en los expedientes aportados, no podemos conocer qué préstamos, y por qué no otros, y en qué condiciones se amortizan anticipadamente los créditos bancarios», señaló.

Así, realizó las siguientes preguntas: ¿qué contratos de préstamos son los afectados por la referida operación y cuáles son sus características: entidad, cuantía, capital pendiente y capital a amortizar? ¿Tienen cláusulas de penalización por amortización anticipada? ¿Alguno de ellos contiene expresa o tácitamente cobertura de riesgo de tipo de interés u otra condición que aumente los costes de cancelación? ¿A cuánto ascienden los costes de la cancelación en el caso de existir? ¿Dada la perentoria necesidad de inversiones en nuestra ciudad, pueden aportar los informes técnicos que dan cobertura a la idoneidad, eficacia y eficiencia de la cancelación en relación con la oportunidad de aumentar las inversiones financieramente sostenibles?

En cuanto a la última pregunta, es decir, por qué no se destinó el dinero a invertir en la ciudad, el equipo de gobierno señaló que el artículo 32 de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera establece que el superávit de la liquidación presupuestaria del Estado, las comunidades autónomas y corporaciones locales se destinará a la reducción del volumen de endeudamiento (amortizaciones anticipadas). «Destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles es una medida excepcional que se ha aprobado en las leyes de presupuestos generales del Estado en los últimos años, y el Ayuntamiento en el ejercicio 2018 ha destinado a estas inversiones el volumen de fondos determinados por la Intervención General», añadió el equipo de gobierno.

El Consistorio también explicó, ya en relación al resto de cuestiones, que la amortización anticipada que se aprobó en el Pleno Extraordinaria de noviembre por 46,37 millones de euros se ha destinado a amortizar anticipadamente los siguientes préstamos: se debían 11,5 millones de euros a Unicaja, 5,48 millones de euros a Cajamar, 9,91 millones también a esta entidad y 19,4 millones de euros al Sabadell. «Estas operaciones no tienen cláusulas de penalización por amortización anticipada, ni contienen coberturas de riesgo de tipo de interés. No tienen costes de cancelación», señaló en su respuesta el Área de Economía y Hacienda en su respuesta. Además, indicó, la amortización anticipada parcial realizada el 20 de diciembre del préstamo con el Sabadell, por 19,4 millones de euros, ha tenido una comisión por coste de ruptura de 922,31.

«El cobro de esta comisión se ha debido a que, según la escritura del contrato de préstamo, la amortización anticipada debería coincidir con la finalización de un periodo de interés, siendo el más próximo el 30 de enero de 2017», subraya el Área, que añade que «la aplicación del superávit presupuestario en la liquidación del año 2017 debe hacerse en el ejercicio 2018. Al ser esta operación de préstamo la que suponía un mayor ahorro de costes para el Consistorio, se solicitó a las entidades financieras que participaban en la misma la posibilidad de realizar la amortización en una fecha distinta al vencimiento, acordándose el pago para el 20 de diciembre de 2018».