El caso Villas del Arenal ha terminado por romper el acuerdo entre los grupos municipales de Ciudadanos y el PP en el Ayuntamiento de Málaga. El portavoz de la formación naranja, Juan Cassá, ha anunciado la ruptura del acuerdo entre ambas formaciones en el Consistorio, después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, haya rechazado el ultimátum planteado por Ciudadanos para que destituyera a Francisco Pomares y Teresa Porras como concejales, así como el gerente de Urbanismo, José Cardador, después de que el Juzgado de Instrucción número 8 haya iniciado una investigación sobre su actuación con cientos de expedientes sancionadores en Villas del Arenal.

La investigación por el caso Villas del Arenal se produce después de que, durante la comisión que analizaba los miles de expedientes sancionadores caducados en Urbanismo, exaltos cargos denunciaran injerencias políticas en las tareas de disciplina. Cs, que presidió la comisión de investigación, fue el primer partido en poner estas acusaciones en conocimiento de la Fiscalía, que ha interpuesto una denuncia por posibles delitos de tráfico de influencias, prevaricación por omisión, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos.

"A partir de ahora queda roto ese acuerdo, con todo lo que ello implica. Es una pena porque Ciudadanos ha dado sobradas muestras de espíritu constructivo. No en vano, hemos sacado adelante este mandato unos 25 acuerdos de índole presupuestaria y fiscal", subraya el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Málaga, Juan Cassá, que achaca a Francisco de la Torre la responsabilidad de la ruptura.

"Como siempre, De la Torre trata de liar, enmarañar y de defenderse enredando. No puede haber ninguna discusión sobre que hay dos acuerdos firmados por el PP que atañen directamente a Málaga y que le obligaban a estas destituciones. La regeneración es una cuestión clave para Ciudadanos", asevera.

Esta ruptura se produce oficialmente pasados unos minutos de las doce del mediodía, que es el plazo que le había dado Cassá a De la Torre para que destituyera a los dos concejales y al gerente de Urbanismo. No obstante, el propio grupo municipal del PP, casi una hora antes del final del plazo, había lanzado un comunicado anunciando que mantendría en sus puestos a los dos concejales y al gerente, al considerar que no hay ninguna imputación ni se trata de un caso de corrupción.

Esta ruptura se produce a apenas tres meses de las elecciones municipales, que se celebrarán el 26 de mayo, y sirve a ambos partidos para marcar cierta distancia con el otro. En el caso de Ciudadanos, se refuerza el mensaje de regeneración de las instituciones con el que hicieron bandera hace cinco años. Por su parte, el PP insiste en la presunción de inocencia y en la inexistencia de un caso de corrupción, ya que entiende que el juzgado está investigando unas acusaciones de dos ex jefes de Urbanismo que fueron cesados de sus puestos y con algún interés personal.

En todo caso, esta ruptura deja en el aire la aprobación del presupuesto municipal para este año, negociado con Ciudadanos y de cuyos votos depende su aprobación.

Por otro lado, esto deja más solo al PP, que se enfrenta a un pleno extraordinario pedido por toda la oposición para reclamar el cese de los concejales y el gerente. El grupo municipal del PP se enfrentará a esta sesión en minoría, ya que Ciudadanos ha roto sus relaciones con el Partido Popular en el Ayuntamiento de Málaga.

Este movimiento, en principio, no debe tener influencia en el resto de instituciones donde está vigente un pacto entre Ciudadanos y PP, como insisten distintos representantes de ambas formaciones, desvinculando este hecho de la situación que se vive en la Diputación Provincial o la Junta de Andalucía. Esto refuerza además la sensación de oportunidad política de la ruptura ante la cercanía de las elecciones municipales.

Breve cronología

El Comité Nacional de Acuerdos Post Electorales aprobó en mayo de 2015 un documento que debía de ser firmado y asumido por todos los partidos que quisieran negociar gobiernos y alcaldías con Cs. El punto primero, 'Compromiso por la regeneración democrática' recogía textualmente: "Separar de inmediato de cualquier cargo, público o de partido, a imputados por corrupción política hasta la resolución completa del procedimiento judicial".

Dicho documento fue remitido al alcalde Francisco de la Torre en los días posteriores a las elecciones. De hecho, el 27 de mayo de 2015 realizó unas declaraciones públicas en las que consideró "asumibles" los acuerdos planteados. Al día siguiente, 28 de mayo, fue más allá incluso y aseveró que "no son sólo asumibles, sino muy asumibles desde el plano personal". Y volvió a ponerse en manos de la decisión de su partido.

El 4 de junio de 2015, el presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, firmó con Juan Cassá el citado documento en nombre de todo el PP provincial en un hotel cercano precisamente a la Gerencia de Urbanismo. Gracias a ese acuerdo y, como es lógico afectadas plenamente por él, se activaron automáticamente tres mesas de negociación (Diputación, Ayuntamiento de Málaga y otros consistorios de la provincia). El 4 de junio, bajo el paraguas del documento firmado por ambos partidos, empezaron las negociaciones con De la Torre para una posible investidura en Málaga capital.

Un segundo acuerdo, esta vez en el marco de las negociaciones para constituir Gobierno en Andalucía, implica de lleno a los ayuntamientos andaluces. El punto 1, 'Tolerancia cero con la corrupción' recoge textualmente: "Ciudadanos y el Partido Popular se comprometen a la separación inmediata de los cargos públicos en todas las instituciones andaluzas, tanto autonómicas como locales, que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial. Asimismo, ambos partidos se comprometen a que las personas que se encuentren en dicha situación no puedan ser incorporadas en las candidaturas electorales ni ser nombrados para desempeñar cargos públicos".

"A la vista de ambos acuerdos, queda claro que De la Torre no sólo ha incumplido con Ciudadanos, sino también con el Partido Popular. No hay otra salida, lamentablemente, que romper el acuerdo de investidura", concluye Cassá.