Uno de los problemas que más preocupan a las pequeñas y medianas empresas que dan servicio a las distintas administraciones públicas es el tiempo que, hasta hace unos años, tardaban estas en abonar las facturas. El Gobierno de Mariano Rajoy estableció, en la Ley de Estabilidad de 2012, numerosas medidas para agilizar el pago a los proveedores de las diferentes instituciones, estableciendo la obligatoriedad de publicar el tiempo medio en el que estas tardaban en abonar sus deudas. Un Real Decreto, obligado por la Comisión Europea, modificó el sistema de cálculo de ese periodo a principios de 2018, de forma que los 30 días naturales computan desde que la factura se aprueba, acabando así con el mes de gracia que, hasta entonces, pasaba hasta que comenzaba a correr el plazo legal. Así, se cumple con la Ley de Morosidad. El Ayuntamiento de Málaga es una de las administraciones más aplicadas en este sentido, de forma que tardó en pagar a sus proveedores sólo 23 días durante el ejercicio 2018, tres jornadas menos respecto al año 2017.
Así, el Consistorio malagueño nuevamente se ha situado a la cabeza del conjunto de los ayuntamientos andaluces en cuanto al periodo medio de pago a los proveedores, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Territoriales. Ello ha reforzado la posición de la ciudad como la capital andaluza que menos tarda en abonar sus facturas, 23 días en 2018, superando incluso a las principales ciudades españolas como Zaragoza, Valencia o Madrid, una política esta del pago a proveedores del Área de Economía y Hacienda que dirige Carlos Conde, también portavoz del equipo de gobierno y del PP.
La ciudad, así, trabaja con unas siete mil empresas, muchas de ellas pequeñas y medianas o directamente en manos de autónomos, lo que da una idea de la importancia que tiene pagar las facturas cuando toca, es decir, lo antes posible, para la economía local, con el fin de que estas sociedades puedan a su vez hacer frente a sus obligaciones financieras y, además, crear puestos de trabajo en el territorio costasoleño.
Estos datos reflejan que el Consistorio mantiene el primer lugar en las listas andaluza y nacional (este último ranking se refiere a las grandes ciudades del país), con un periodo medio de pago muy por debajo de lo establecido legalmente y una media de 23 días a lo largo del ejercicio 2018, lo que supone tres días menos que en 2017. Desde el comienzo de esta legislatura, en mayo de 2015, y hasta la fecha, el periodo medio de pago se ha situado en cifras similares, permitiendo que se haya fijado en 23,2 días. El Consistorio, explicaron fuentes municipales, trabaja anualmente con en torno a 7.000 proveedores que ayudan a prestar unos servicios públicos de calidad. La información facilitada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas pone de manifiesto, además, que el Ayuntamiento ha rebajado su plazo de pago en el mes de diciembre de 2018 en ocho días, hasta alcanzar los 15,5 con respecto a la media del ejercicio completo. El Consistorio, indican estas fuentes, ha venido haciendo en los últimos años una gestión «responsable» para conseguir los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y Financiera, reduciendo cada año sus niveles de endeudamiento y manteniendo en una cifra muy inferior a la que establece la ley sus obligaciones de pago respecto a los proveedores.
Sin ir más lejos, el 15 de diciembre pasado se conoció que el Consistorio malagueño redujo en 48 millones de euros su endeudamiento interanual, según los datos del Banco de España, relativos al 30 de septiembre de 2018. Con esa reducción, se situó como la segunda de las grandes capitales españolas menos endeudada (con más de 500.000 habitantes). El importe de la deuda, a 30 de septiembre de 2018, era de 454 millones de euros (seis millones menos que el trimestre anterior), si se tienen en cuenta los datos relativos a vivienda. Si no se ponderan los mismos, la deuda es de 370 millones de euros, cinco menos que el trimestre precedente.
Endeudamiento
A diferencia de lo que ocurre en otras ciudades, el importe de la deuda municipal incluye el dinero que el Consistorio pide prestado para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) con destino a venta y a alquiler, préstamos que en el primero de los casos son asumidos por los adjudicatarios de las casas protegidas, a medida que confluye la construcción de las mismas. Siendo además, informó en su día el Consistorio, la promoción de este tipo de edificaciones una competencia de la Junta.
La reducción interanual de la deuda acumula ya 22 trimestres consecutivos (datos hechos públicos en diciembre de 2018, pero relativos a septiembre de ese ejercicio). El nivel de endeudamiento municipal se sitúa por debajo del 110% máximo fijado por el Gobierno central (a 30 de septiembre de 2018 era del 77,9%, incluyendo una nueva operación de préstamo de 12 millones para financiar inversiones de ese ejercicio, lo que junto con el puntual pago a proveedores y la estabilidad presupuestaria hacen que la administración local malagueña cumpla con los principios fundamentales de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para fin de año, estaba previsto que el índice de endeudamiento fuera inferior al 75%, lo que supone que el Consistorio no necesitará el sí de la Junta de Andalucía para nuevos préstamos. También destaca que el cumplimiento del plan de ajuste que se impuso el Consistorio llega con dos años de antelación.
