Un dictamen elaborado por la catedrática de Derecho Procesal Carmen Senés, a petición de los abogados defensores de los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y del gerente de Urbanismo José Cardador, investigados en el caso Villas del Arenal, sostiene que los ediles y el gerente «no están imputados formalmente» y, por tanto, «no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo andaluz entre PP y Ciudadanos».
El dictamen, presentado ayer en el Colegio de Abogados con la presencia de los abogados defensores, José Carlos Aguilera y Antonio Caba y del decano del colegio, Francisco Javier Lara, analiza el auto del que resultan «investigados» los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras, así como el coordinador general de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Málaga, José Cardador, y su relación con el pacto suscrito por el PP y Ciudadanos en el que se comprometen a separar de las instituciones a los cargos públicos que hayan sido o sean imputados formalmente por delitos de corrupción, hasta la decisión definitiva del órgano judicial.
Tras analizar el sentido y alcance de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que incorpora la figura del «investigado» en las diligencias de investigación penal, así como la finalidad y el carácter instrumental de la fase de investigación del proceso penal, la catedrática de Derecho Procesal concluye que una persona sólo está imputada formalmente «cuando se dicta un auto de apertura de juicio oral en el que se le considera indiciariamente responsable de unos hechos que, también indiciariamente, revisten carácter de delito».
En este sentido, la autora considera que los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y el gerente José Cardador «no están imputados formalmente» y, por tanto, no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo PP-Ciudadanos de separación de los cargos públicos o funciones públicas que representan.
Los letrados José Carlos Aguilera -que ejerce la defensa letrada de Pomares y Porras- y Antonio Caba -letrado de José Cardador- en el procedimiento de diligencias previas incoadas por el juzgado de instrucción nº 8 de Málaga, han requerido la elaboración de este dictamen a la catedrática Carmen Senés Motilla.
Meras sospechas
La catedrática ha respondido a dos preguntas básicas: ¿cuándo una persona , según la Ley de Enjuiciamiento Criminal, está imputada formalmente? y si se dan los presupuestos de hecho y legales para que deba aplicarse a los ediles Porras y Pomares las medidas previstas en el acuerdo PP-Cs de separación de los cargos o funciones políticas que desempeñan.
La catedrática explica que «investigado» es la persona «sobre la que tan solo recaen meras sospechas», por lo que, a la vista del auto del juzgado número 8, los ediles no están imputados formalmente, cosa que sólo podría ocurrir al término de la fase de instrucción, en el caso de que el juez los acusara formalmente.
Tanto el decano del Colegio de Abogados como los dos letrados insisten en la necesidad de evitar la «constante judicialización de la política» y subrayan que, por encima de todo, es necesario preservar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos, ya que sobre ella se asientan los principios de cualquier estado social, democrático y de derecho.
