La economía sumergida es una de las grandes rémoras del mercado de trabajo. La precarización del empleo y la praxis fraudulenta de una parte del empresariado tiene como nefastas consecuencias que muchas personas se vean abocadas a trabajar sin contrato o que vean vulneradas sus condiciones laborales. Los sindicatos vienen denunciando desde hace años esta situación, a su juicio agravada a raíz de la crisis, y la patronal de empresarios admite también el problema, pidiendo que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que fomentan y amparan el empleo negro. Una pequeña muestra de este fenómeno queda reflejada cada año en la actividad de la Inspección de Trabajo, que con sus controles y visitas a empresas pudo destapar en 2018 un total de 2.952 empleos sumergidos en la provincia de Málaga, a un ritmo de 246 cada mes y con una subida del 2,6% sobre los datos del año anterior.

Aproximadamente un 70% de estos casos eran de personas que desarrollaban su trabajo sin contrato mientras que el resto correspondía sobre todo a situaciones donde la empresa usaba de forma fraudulenta el contrato a tiempo parcial, sin declarar todas las horas que en realidad echaba el empleado. Cuando esa diferencia de jornada supera el 50%, la Inspección lo considera también afloramiento de empleo negro (si es inferior lógicamente también hay sanción pero no aparece en las estadísticas de economía sumergida).

Las cifras revelan que los casos de fraude con el contrato a tiempo parcial se reducen en relación al pasado año un 21% mientras que el afloramiento de personas sin contrato se incrementa un 10,8%.

Controles más selectivos

El jefe de este departamento en Málaga, Alfonso Conejo, explica a este periódico su percepción de que la incidencia de la economía sumergida sigue siendo la misma que en años anteriores, aunque en este caso las inspecciones han resultado «más productivas» al haberse programado de forma más selectiva, incluyendo visitas a las empresas en horarios nocturnos y de fin de semana, dado que en segmentos como la hostelería son tramos donde suelen encontrarse a más personas trabajando sin contrato. «Estamos afinando en nuestras visitas para ser más eficaces», apunta. La Inspección viene comentando también desde hace tiempo que la precarización en los contratos de trabajo en Málaga es excesiva y que las empresas abusan del empleo a tiempo parcial sin justificación. Así, los controles detectan muchos casos en los que el trabajador tiene firmado un contrato de dos o tres horas al día, pero que en realidad termina echando ocho o más. Los sindicatos ya han apuntado en reiteradas ocasiones al empleo a tiempo parcial como «la gran bolsa del fraude laboral» en Málaga.

En esta línea, la Inspección mantiene además desde el pasado año un control mediante requerimientos y controles sobre aquellas en las que se detectado una incidencia excesiva del tiempo parcial, con el objetivo de comprobar si esa tasa está justificada.

Los controles en el ámbito del fraude laboral, que incluyen otros apartados además del empleo sumergido, arrojaron como resultado la imposición de 2.230 multas a empresas por un importe conjunto de 10,5 millones de euros, a lo que hay que sumar otros 37 millones recuperados en dinero para la Seguridad Social por derivaciones de responsabilidad, recaudación inducida o actas de liquidación. La causa principal de las multas estuvo relacionada con trabajadores no dados de alta (unas 960). Entre las infracciones detectadas había también 126 casos de personas que estaban compatibilizando el cobro del desempleo con un trabajo.

La hostelería, a la cabeza

El sector donde más afloramiento del empleo sumergido se registra es el de la hostelería (de mucho peso en la economía de la provincia), seguido de los servicios y la construcción. Cuando se detecta a un trabajador sin vínculo laboral, la Inspección de Trabajo puede proceder a darlo de alta de oficio o a reclamar a la empresa que lo haga (lo que se conoce como altas inducidas).

En lo relativo a recaudación inducida y multas, los servicios están en primer lugar. El comercio es también otro segmento que aparece entre los primeros lugares en el apartado de la recaudación.

Conejo destaca, por otro lado, el buen funcionamiento que está mostrando el buzón del fraude, un servicio donde los afectados pueden denunciar de forma anónima aquellas situaciones que vulneran la normativa laboral. El pasado año, estas denuncias dieron lugar a 281 órdenes de servicios que permitieron aflorar 102 empleos en negro y a levantar actas de liquidación que permitieron recuperar 400.000 euros para la Seguridad Social. «Cada vez se está usando más y resulta muy efectivo», explica.

La Inspección, entre inspectores y subinspectores, cuenta actualmente con 50 personas en Málaga (25 inspectores y 25 subinspectores). El tema del personal con que cuenta este departamento suele ser de hecho motivo de controversia, ya que los sindicatos CCOO y UGT, aunque valoran su labor y dedicación, señalan que se necesitarían muchos más activos para luchar de forma eficaz contra la economía sumergida en una provincia con el tejido empresarial de Málaga, y más con un mercado tan precarizado por el efecto de la crisis y de las reformas laborales.