08 de marzo de 2019
08.03.2019
La Opinión de Málaga
Urbanismo

Gresca política y jurídica por el informe del caso Villas del Arenal

Cs dice que "no es de recibo que el decano tome partido" mientras el alcalde ve muy correcto el dictamen

08.03.2019 | 05:00
Presentación del dictamen en el Colegio de Abogados.

La presentación el miércoles de un dictamen de una catedrática de Derecho Procesal que juzgaba que los ediles investigados en el caso Villas del Arenal –Francisco Pomares y Teresa Porras– no están imputados formalmente y, por tanto, no les sería de aplicación las medidas del acuerdo político firmado por PP y Cs para regeneración de la vida pública, ha levantado una fuerte polvareda política y jurídica, no tanto por la conclusiones del informe sino por el escenario escogido para su presentación, el Colegio de Abogados y con la presencia y el respaldo del decano de la institución, Francisco Javier Lara.

Desde la esfera política la reacción más virulenta la ha encabezado Ciudadanos. Su viceportavoz en el Ayuntamiento de Málaga, Alejandro Carballo, criticaba la presencia del decano del Colegio de Abogados señalando que «no es de recibo que el decano del Colegio use su cargo y la sede colegial para tomar partido y valorar decisiones políticas. Carballo aclaraba que no hay uno, sino dos acuerdos políticos, «que vinculan al PP y al alcalde políticamente» y advertía de que, pese a ello, «no nos van a distraer de lo importante y es que hay tres investigados».

En el mundo jurídico, también varios abogados mostraron ayer públicamente su malestar por el uso del colegio para la presentación de un dictamen sobre un caso singular y con el respaldo del decano.

Así, el letrado Diego Ríos se preguntaba en su cuenta de Twitter «¿qué trascendencia tiene para el colectivo de la abogacía ese dictamen que fija la presencia de su decano?»; y se contestaba: «sinceramente no me lo explico». Otra letrada lamentaba que se esté «haciendo uso de las instituciones de forma partidista».

Una tercera queja la suscitaba el abogado Josele Román, quien también en su cuenta de Twitter reclamaba que el decano debería explicar qué hace «usando el colegio para presentar un informe solicitado por los abogados de unos investigados» y añadía que el decano debe ser consciente de que «su presencia, junto a una de las partes del procedimiento, y en el marco del colegio, otorga un 'plus' de credibilidad a esa posición lo cual, a mi juicio hace especialmente grave esa situación» .

Al otro lado del escenario, el alcalde, Francisco de la Torre, recibió con parabienes el informe, señalando que le parece «muy correcto» y con el que está «totalmente de acuerdo» pues es «lo que hemos pensado siempre sobre el caso», siendo además algo que, a su juicio «deben tener claro todos los grupos municipales».

Abundando en esa idea, la concejala Teresa Porras, una de las investigadas en este caso, ha remitido al alcalde el dictamen jurídico de la catedrática con un escrito en el que solicita a De la Torre que «dé traslado del mismo a todos los grupos políticos de la Corporación para su debido conocimiento y a los efectos legales oportunos». La concejala considera que el contenido de las conclusiones, «en especial la segunda», tienen relación con el pleno extraordinario convocado para el martes 11 de marzo en el que los concejales de la oposición reclamarán al acalde el cese de los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares.

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