La Fiscalía Anticorrupción ha decidido hacerse cargo del caso Villas del Arenal, por lo que este asunto quedará en manos a partir de ahora del fiscal de Málaga, Valentín Bueno. La decisión de esta Fiscalía especial de hacerse cargo de este caso viene dada por la propia naturaleza de los delitos que se investigan: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos, todos ellos delitos que competen a esta fiscalía, según el estatuto del Ministerio Fiscal.
Esta Fiscalía será por tanto la competente a partir de ahora para participar en las diligencias previas que se llevan en el Juzgado de Instrucción número 8 donde se instruye este caso en el que están llamados a declarar como investigados los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y el exgerente de Urbanismo José Cardador. Los tres serán investigados por las presuntas injerencias políticas en la tramitación de los expedientes de infracción abiertos en la urbanización Villas del Arenal.
Responde a la petición formulada en este sentido el pasado 20 de febrero por la Fiscalía de Málaga, para que el procedimiento fuese asumido por esa fiscalía especial "en atención a la trascendencia y repercusión social que la investigación llevada a cabo por esta Fiscalía y la denuncia ante el órgano judicial han tenido en los medios de comunicación social, así como por la relevancia de las personas afectadas por dicha denuncia, autoridades y funcionarios de la corporación municipal".
La intervención de parte de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto viene a corregir el reiterado argumento del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre de que Villas del Arenal "no es un caso de corrupción".
Jose Carlos Aguilera, abogado de dos de los investigados, ha señalado que el cambio "no altera en nada el proceso ni cambia nada" y que la presencia de esta fiscalía garantiza una mayor solvencia y rigor.
"No hay corrupción", defendía De la Torre
En las últimas semanas, el alcalde Franciso de la Torre ha tratado de defender a los ediles, asegurando que no estaban imputados por corrupción. También se produce horas después de la rueda de prensa realizada en el Colegio de Abogados de Málaga, en el que se hizo público un dictamen elaborado por la catedrática de Derecho Procesal de Almería Carmen Senés. En dicho informe, presentado por los abogados defensores, José Carlos Aguilera y Antonio Caba, y del decano del colegio, Francisco Javier Lara, sostiene que los ediles y el gerente "no están imputados formalmente" y, por tanto, "no les serían de aplicación las medidas previstas en el acuerdo andaluz entre PP y Ciudadanos".
