Hace un año, la inspección de la Agencia Tributaria concluía condenando provisionalmente a Limasa por un fraude de 322.244 euros, más una sanción de 147.188 euros. La causa: Limasa, según el pliego de condiciones, lo que consideraba como una «no buena gestión».

Las cuentas anuales correspondientes a 2018, que ayer se formularon en el consejo de administración, señalan que la empresa de limpieza, de la que el Ayuntamiento es socio en un 49%, ha seguido practicando este doble pago que Hacienda consideró un fraude, según pusieron en evidencia los consejeros del PSOE. Las cuentas, en el apartado de otros gastos de explotación, fijan una partida de 507. 893 euros para el pago de «servicios de profesionales independientes», que al detalle sirvieron para la contratación de procuradores, abogados, programas informáticos y consultoría de recursos humanos, junto con el pago a los auditores. Se trata de todos esos servicios que la Agencia Tributaria consideraba que estaban cubiertos por la asistencia técnica que los socios privados prestan a Limasa y por la que reciben un 2,5% de la facturación.

Empresas filiales

La consejera socialista Begoña Medina hizo ayer especial hincapié, durante su intervención en el consejo, en este asunto que consideró «muy grave» y que muestra el «talante del Ayuntamiento de facilitar las ganancias de los privados. Lo que la consejera de IU Remedios Ramos tachó de «saqueo» a las arcas públicas.

Esta situación de alargar el beneficio de los privados se plasma también en los contratos que las empresas privadas de Limasa, especialmente FCC, reciben a través de algunas de sus filiales que son contratadas.

Las cuentas de 2018 muestran que junto al abono de la asistencia técnica, Limasa abonó 479.155 euros a empresas ligadas a FCC o Urbaser por la prestación de otros servicios.

Así figuran 396.000 euros a la empresa SVAT, ligada a FCC, por el alquiler de máquinas barredora; otros 31.038 euros por material de repuesto adquirido también a FCC y 10.000 euros más a esta empresa por la limpieza de fosas sépticas. Además, Limasa viene pagando anualmente 42.000 euros a FCC por el alquiler de una nave dentro de las dependencias de La Térmica, alquiler que se sigue abonando pese a que Limasa trasladó sus instalaciones a Los Ruices.

Todos los consejeros de los grupos de PSOE, IU y Málaga Ahora, que votaron en contra de las cuentas de Limasa, criticaron especialmente que a la factura de la compensación económica, que en 2018 sobrepasó ligeramente los 13 millones de euros, se le añada el 2,5% de asistencia técnica, algo que ya el interventor municipal consideró que no era correcto, pues no se trata del pago de un servicio sino de un sobrecoste salarial, y que suponía una merma del dinero público. En concreto, dentro de esos 13 millones de compensación económica figuran 317.000 euros por canon de asistencia técnica.