La creación de un servicio de asesoramiento para los residentes británicos ante el brexit, evitar recortes en la Política Agraria Común (PAC), la siniestralidad laboral, la planificación del proceso de adjudicación de la gestión del Caminito del Rey y los servicios sociales, además de diversas infraestructuras, y más recursos a los ayuntamientos para asumir la subida del salario mínimo de los beneficiarios de los planes de empleo son algunos de los asuntos que se debatirán en el pleno de la Diputación de este mes de marzo, que se celebra hoy.

Así, el PP lleva como moción urgente la relativa a la Política Agraria Común en la que, en concreto, insta al Ministerio de Agricultura a que «defienda los intereses del sector», planteando «todas aquellas enmiendas necesarias para que no haya recortes en la financiación de la PAC». El portavoz en la Diputación del PP, Francisco Oblaré, incidió en que les «preocupan mucho» los planteamientos del Ejecutivo central y «la dejadez» sobre esta materia.

Sobre infraestructuras, el PP solicitará al Gobierno central que impulse ya el acceso norte al aeropuerto de Málaga-Costa del Sol y también otro acceso desde la autovía A-7 a Caleta de Vélez.

El PSOE instará al Gobierno andaluz a que destine más recursos a los ayuntamientos malagueños para asumir la subida del Salario Mínimo Interprofesional de los beneficiarios de los planes de empleo, según explicó su portavoz, Antonia García. Al respecto, criticó que el Gobierno «de las derechas» en Andalucía quiera que en los planes de empleo, que ahora se tienen que ejecutar y que dejó aprobados el anterior Ejecutivo, sean los ayuntamientos quienes asuman la subida del SMI, «sabiendo que supondrá un sobrecoste inasumible para muchos de ellos».

Instalaciones para la UNED en Málaga, las preocupaciones de los alcaldes con respecto al «abandono que sienten por parte del equipo de gobierno del PP en la Diputación y el fomento de la igualdad en el medio rural, son otras iniciativas de los socialistas al pleno.

En otro orden, IU Para la Gente solicitará una campaña contra la siniestralidad laboral en los municipios menores de 20.000 habitantes impulsando el diálogo social y que contemple información en materia de seguridad laboral en los centros de trabajo.