Un equipo de investigación adscrito al proyecto I+D Crisis y reestructuración de los espacios turísticos del litoral español, del Ministerio de Economía, formado por profesores de las universidades de Málaga y Granada expertos en Turismo, Economía y Geografía, además de arquitectos, urbanistas y una doctora en Pedagogía han presentado unas alegaciones conjuntas contra el proyecto de rascacielos, que han dividido en 40 puntos, agrupados a su vez en aspectos como la participación ciudadana, el paisajismo y los riesgos ambientales, arquitectura, urbanismo o la dimensión económica y la del turismo social.

Entre las alegaciones, el proyecto «cede a la iniciativa privada el desarrollo de un espacio público» y se «elude el principio democrático de intervención ciudadana», además de suprimir «las alternativas de otros tipos de usos, equipamientos o espacios libres públicos». A su juicio también va en contra de la Constitución, el Estatuto de Andalucía y el espíritu de la Ley del Suelo. También resalta que se promueven «modelos turísticos y hoteleros obsoletos» que «a medio plazo» pueden causar la «ruina para la sostenibilidad urbana de Málaga, su puerto y la Costa del Sol».

Además, subraya la ausencia de garantías para «la inversión en explotación y sostenibilidad del hotel», y el carácter «especulativo» de la operación que podría suponer incrementar 7,5 veces la edificabilidad de la parcela.

A juicio de este colectivo, «altera gravemente el paisaje de la Bahía y del Centro Histórico», lo que contradice el Convenio Europeo del Paisaje de 2008 y la Farola quedaría «inutilizada por la construcción de la torre/hotel». También relega «a la irrelevancia los hitos de la ciudad».

Las alegaciones también alertan del riesgo de que el rascacielos se quede «a medio construir» y advierte de responsabilidades deontológicas, civiles y penales de técnicos de la administración.