El Colegio de Arquitectos de Málaga y así lo ha expresado dentro del plazo de alegaciones abierto por la Gerencia Municipal de Urbanismo, que expiró el pasado martes y en el que el colectivo ciudadano Defendamos Nuestro Horizonte presentó 1.078 alegaciones.

Entre los argumentos, la entidad colegial resalta en una nota que la modificación «responde a intereses económicos a corto plazo en detrimento de los valores medioambientales y culturales del entorno».

La institución señala, por otro lado, que «la fórmula basada en el concurso público de arquitectura es la mejor opción para favorecer la concurrencia de profesionales y alcanzar, así, la excelencia del producto arquitectónico».

El decano del Colegio de Arquitectos, Francisco Sarabia, indica además que los objetivos originarios del Plan Especial vigente «encontraban legitimidad en el consenso de la comunidad que, con esta innovación, se ha perdido».

En este sentido, apunta que «las presiones turísticas e inmobiliarias son la fuerza motora de esta transformación radical de un mismo patrimonio territorial compartido por la ciudad y su puerto».

Según las alegaciones de la institución colegial, la Autoridad Portuaria justifica la actuación en razón del equilibrio económico que supondría su construcción para las cuentas del puerto.

«No es una patente de corso»

Pero los arquitectos se preguntan cuál es el fin público que legítima al puerto para edificar un rascacielos y apuntan que, existiendo alternativas para su ubicación en otros ámbitos de la ciudad, «parece discutible que una cuestión de tanto calado para la misma, se entienda oportuna y conveniente por la economía del puerto». «La necesidad de aumentar los recursos no es una patente de corso para utilizar una potestad pública para fines desviados del que legitiman su autoridad», indican.

El Colegio de Arquitectos critica los incumplimientos y carencias del documento en relación al marco legal vigente. En opinión del Colegio, la falta de rigor parece «deliberada», pues las confusas y contradictorias ordenaciones del viario, edificación y usos, con previsión de modificación posterior a demanda de la concesionaria, confieren al instrumento el carácter de «carta abierta» susceptible de malinterpretaciones en su gestión y control. Analizados los contenidos técnicos, la entidad concluye que se trata de un «planeamiento incompleto» en sus documentos, al que le falta definición en los parámetros numéricos y gráficos necesarios para sustituir el espacio libre público previsto por un futuro rascacielos. Tampoco acredita la mejora para el bienestar de la población en que redunda esta nueva ordenación, superando el rango de la intervención las posibilidades que deben corresponder a una modificación del Plan Especial del Sistema General Portuario.

Sarabia indica que «este planteamiento debió someterse a debate público y abierto en demanda de sugerencias antes de llegar a esta fase de aprobación inicial» y que, debido a su indefinición, «es imposible en este momento alegar respecto a la solución definitiva futura que se dé tanto al volumen del edificio como a los usos a los que se destine».

Respuesta a las alegaciones

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señaló este martes que las más de mil alegaciones recibidas se estudiarán con «atención y el debido respeto», aunque precisó que en realidad se han presentado 85 documentos, pues algunos de ellos han sido firmados por varias personas.

En cualquier caso, volvió a defender el proyecto y aseguró que «tiene más ventajas que inconvenientes».

Por último, Eduardo Zorrilla, candidato de Adelante Málaga para las próximas municipales, ha señalado que llevará en su programa electoral la no construcción del rascacielos del puerto y que se trata, junto a Unidas Podemos, a nivel estatal, de «las únicas fuerzas que pueden garantizar que no se construya».