El comité de empresa de Limasa se ha sometido a las exigencias de la empresa y del Ayuntamiento que quieren conocer antes del pleno municipal del próximo martes la decisión de la plantilla sobre el nuevo convenio negociado en las últimas semanas por las partes.

Para cumplir este exigencia de la concejala Teresa Porras, el comité ha convocado a los trabajadores a una doble sesión de asamblea el próximo viernes, 26 de abril, para conocer primero la «exposición de la negociación llevada a cabo con la empresa y el Ayuntamiento del nuevo convenio» y, posteriormente, votar «para la aprobación del nuevo convenio». En la convocatoria, el comité informa de que la votación se hará con urna por lo que los asistentes deberán ir provistos del DNI.

Habrá dos turnos de asamblea, uno a las 10 de la mañana y otro a las 5 de la tarde, en el auditorio del Palacio de Ferias y Congresos.

Los trabajadores van a una asamblea a ciegas pues el comité, siguiendo las exigencias de la concejala Teresa Porras, ha negociado en secreto el nuevo convenio y la plantilla desconoce cuáles son los puntos del preacuerdo laboral alcanzado, si bien en los últimos días los miembros del comité han ido avanzando algunos detalles en pequeñas asambleas realizadas por los cuartelillos.

Según las fuentes consultadas, el preacuerdo de convenio negociado tendría una vigencia de 3 o 4 años (el comité prefiere 3, la empresa, 4) y prevé una subida del 2,25% para este año y lo que marquen los Presupuestos del Estado para los años siguientes.

Las vacaciones se plantean con 21 días en verano, repartidos en ocho grupos y los otros 15 días entre noviembre y abril.

La paga variable en concepto de productividad quedaría en turno a los 1.600 euros, que es la cantidad que existe actualmente como paga de productividad.

Uno de los puntos más discutidos y que ha sido de los últimos en contar con acuerdo ha sido el referente a la subida salarial que debe proyectarse desde 2013 a 2018, tiempo en el que el salario ha estado congelado. El nuevo convenio fijaría una subida mínima en torno al 1 por ciento para cada uno de estos años.

El acuerdo también incluye que el punto más polémico, el pago de los atrasos en aplicación de convenio y la sentencia judiciales, se dejará pendiente y de acuerdo a lo que dicte el nuevo fallo judicial del TSJA previsto para junio.

Conocida la decisión que acuerden los trabajadores, el pleno del Ayuntamiento abordará en la sesión del martes el procedimiento para iniciar la municipalización de la empresa. El pleno conocerá un informe del interventor que avala la gestión pública como más económica y una moción de Teresa Porras poniendo en marcha el proceso.