El fiscal Anticorrupción del caso Villas del Arenal ha mostrado su disposición y «máximo interés» en conocer si ha habido una «paralización maliciosa» de los expedientes de infracción urbanística abiertos a más de cien propietarios de inmuebles de la citada urbanización por parte de los denunciados en esta causa, los concejales Francisco Pomares y Teresa Porras y el gerente de Urbanismo, José Cardador.
El fiscal aprovechó la comparecencia de ayer en calidad de investigados de Cardador, Pomares y Porras, citados por el titular del juzgado de Instrucción número 8 que investiga el caso, para señalar a los investigados que su línea de trabajo será la de establecer si tras la apertura de los expedientes urbanísticos hubo por parte de los máximos responsables de la Gerencia de Urbanismo una estrategia para paralizar o alargar innecesariamente los procedimientos administrativos y que estos quedasen en nada. Según señalaron los letrados personados como acusación por parte del PSOE y del grupo municipal Málaga Ahora, Inmaculada Martínez y Oliver Roales, el fiscal insistió en su interés por investigar en profundidad qué pasó durante el periodo de más de un año en el que los expedientes de infracción de Villas del Arenal salieron del servicio de Inspección y estuvieron en manos de un equipo especial de funcionarios (el llamado equipo B), para conocer si durante ese periodo los expedientes sufrieron una paralización en su procedimiento.
El fiscal también ha solicitado dejar temporalmente en suspenso la investigación sobre el posible delito de malversación para los tres denunciados, hasta tanto se tenga una evaluación cuantificada del posible dinero defraudado. El juez había solicitado a la Junta de Andalucía un informe técnico en el que aclarase el perjuicio para las arcas municipales derivada de la falta de tramitación y/o conclusión de los expedientes sancionadores incoados. La Junta ha respondido que no tiene competencias para ello. Es por ello que el fiscal considera que no se debe hablar de delito de malversación sin conocer la cuantificación económica del posible fraude, que tendría categoría de delito a partir de un cantidad.
Por contra, la representación legal de Pomares y Cardador aseguró que el fiscal «ha desvinculado» a los tres denunciados del posible delito de malversación de caudales públicos, al «no ver delito», pero no ofreció más detalles. Añadieron que el fiscal sí ha solicitado desvincular a Teresa Porras del posible delito de falsedad.
Los dos ediles y el gerente de Urbanismo, anunciaron, a través de su representación legal, José Carlos Aguilera y Antonio Caba, que en cuanto concluyan las declaraciones van a pedir el sobreseimiento y archivo del caso al considerar que no hay consideración de delito en ninguno de los cuatro supuestos denunciados por la Fiscalía.
De manera especial, por considerarlo un «hecho de suma relevancia jurídica», los tres investigados van a pedir la nulidad de todos los expedientes de infracción abiertos en Villas del Arenal y que todos ellos sean archivados. El letrado José Carlos Aguilera explicó que «todos los expedientes se inician con las fotos que se obtienen desde un helicóptero de la Policía Nacional, en un vuelo promovido por la jefa del departamento de Disciplina Urbanística de la Gerencia de Urbanismo».
El letrado añadió que el vuelo se realizó sin que exista ningún protocolo de colaboración entre el Ayuntamiento y la Policía Nacional para la utilización de este tipo de medios en funciones inspectoras, «sin autorización del gerente y por iniciativa exclusivamente personal de la jefa de departamento».
«Obtener una prueba de esa forma, sin autorización judicial, invadiendo la intimidad de los vecinos y vulnerando el derecho a la inviolabilidad del domicilio, significa que las fotos obtenidas en ese vuelo son una prueba genuina, de libro, de nulidad radical de las resoluciones que se puedan dictar en materia de infracción». «No hay autorización judicial que ampare ese vuelo y hay jurisprudencia suficiente para afirmar rotundamente que las pruebas de cargos en los expedientes se han obtenido de forma ilícita y la consecuencia no es otra que la nulidad de los mismos», concluyó Aguilera.
