La posible manipulación informática en un expediente de infracción urbanística tramitado por la Gerencia de Urbanismo en Villas del Arenal al aparecer en un expediente un nombre que no se correspondía con el propietario del inmueble objeto de dicha infracción queda descartada.

En el escrito de denuncia de la Fiscalía sobre los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares se señala un posible delito de falsedad en documento público toda vez que en un momento determinado, en la base de datos de la Gerencia de Urbanismo, aparece como infractor del expediente número 542 el nombre de Alfonso Aranda Alarcón, cuando en realidad el denunciado como propietario del inmueble es José Fernandez Cardero, con lo que se estaría dando un cambio de nombre y de DNI de la persona denunciada.

Una investigación realizada por este periódico cotejando los datos de los distintos expedientes (tanto de restablecimiento de la legalidad como sancionadores) abiertos en el procedimiento 542 de Villas del Arenas por las obras realizadas ilegalmente en el inmueble de calle Irlanda, 75 permiten aclarar que no hay duplicidad ya que el nombre de Alfonso Aranda Alarcón corresponde al primer propietario de dicho inmueble, comprado en 2005 y, en consecuencia las primeras diligencias de infracción abiertas por la Gerencia de Urbanismo entre junio y diciembre de 2013 se dirigen a este propietario, tal como consta en la documentación. Posteriormente, en junio de 2011 se producen la compra del inmueble por Fernández Cardero, si bien su inscripción en el registro fue posterior.

Por ello, a partir de enero de 2014 todos los documentos del procedimiento infractor se dirigen ya a Fernández Cardero. El que en septiembre de 2015 volviera a aparecer el nombre de Alfonso Aranda se debe a un error o mala praxis de un trabajador de Urbanismo que no comprobó que esta persona ya no era la denunciada.

Justo un día antes de que Francisco Pomares y Teresa Porras sean llamados a declarar como denunciados en el caso Villas del Arenal, la defensa de ambos ediles presentó un informe en el juzgado de Instrucción número 8 que lleva el caso para demostrar que no existió delito de falsedad documental.

El letrado Jose Carlos Aguilera Escobar, que representa a Pomares y Porras, presentó dicho escrito señalando que hay dos informes del Servicio de Entidades Urbanísticas Colaboradoras y del gerente del Centro Municipal de Informática que dicen que hubo un cambio de nombre de un expediente en Villas del Arenal y que se debió a un error. Por lo que entiende que ha quedado «acreditado documentalmente» los hechos y subraya que se puede afirmar «con rotundidad» que no existe ni el más mínimo indicio de alteración falsaria en dicho expediente.

Pomares, y Porras, además del gerente de Urbanismo, José Cardador, deberán declarar hoy como investigados en el juzgado número 8 que abrió diligencias previas tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre infracciones urbanísticas que los investigados habrían dejado alargar para provocar su caducidad o prescripción.