El Sindicato de Trabajadores de la Administración Local (STAL) ha presentado escrito de denuncia en la Fiscalía contra la concejala Teresa Porras, responsable municipal de Limasa, a la que acusa de intentar «eliminar» al sindicato por considerarlo una presencia «incómoda, tanto para Limasa como para el Ayuntamiento».

El STAL, pese a no tener representación en el comité de empresa, fue el sindicato que promovió una demanda de conflicto colectivo que llegó hasta el Tribunal Supremo, logrando que éste ratificase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que fijaba el convenio colectivo de 2010/12 como único a aplicar y obligaba a la empresa a reponer a los trabajadores los derechos y condiciones laborales fijadas en dicho convenio. Gracias a esta sentencia todos los trabajadores de Limasa podrán presentar demandas de reclamación de cantidad, con bastante garantía de éxito, que oscilarán entre los 15.000 a 20.000 euros por trabajador en concepto de atrasos de los últimos siete años.

Es por ello, según detalla el escrito de denuncia presentado en la Fiscalía, que el sindicato se ha convertido en alguien «incómodo» para la concejala, que al menos en una reunión oficial mantenida con el comité de empresa para negociar el cumplimiento de la sentencia del Supremo, expresó que «al sindicato STAL hay que cargárselo y quitarlo de en medio».

En su escrito de denuncia ante la Fiscalía, el STAL aporta dos grabaciones con manifestaciones del presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, una durante una asamblea el 15 de noviembre de 2018 y otra en una reunión con trabajadores de un cuartelillo de Limasa, en las que Belmonte explica como Teresa Porras llegó «desde primera hora diciendo que al STAL había que quitarlo», a lo que en el comité se negaron.

Esta invitación «a sabotear» al STAL -señala el escrito- hay que inscribirla en el escenario de la negociación de un nuevo convenio y en el contexto «de la lucha de los trabajadores de Limasa por conseguir que la empresa cumpla con sus obligaciones».

La denuncia a Porras señala que las manifestaciones de la concejala podrían constituir un delito contra la libertad sindical y otro de coacciones; pide a la Fiscalía que incoe diligencias de investigación para esclarecer los hechos denunciados y que llame a declarar a la denunciada, al presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, y a representantes del STAL.