Al filo de la una de la madrugada del sábado y tras un larguísimo recuento, se conocían los resultados de la votación sobre el convenio laboral de Limasa que los sindicatos han venido negociando en las últimas semanas con la empresa y el Ayuntamiento. El resultando fue un respaldo casi absoluto a ese nuevo convenio.
El censo era de 1.831 personas . Estaban incluidos todos: fijos, eventuales, fijos discontinuos y a tiempo parcial. Votaron 1.246 trabajadores, con una participación del 68,7 por ciento. El sí al convenio fue claro: 1.002 votos favorables; con un respaldo del 81 por ciento; 237 votos en contra; 4 votos blancos y 3 nulos.
El resultado es un respaldo a la firma de un nuevo convenio, después de siete años con el actual que se firmó en 2010 con vigencia hasta 2012 y que desde entonces viene prorrogándose.
El sí de la plantilla abre un nuevo periodo de paz social para los próximos cuatro años y especialmente acaba con siete años de conflictos durísimos entre la empresa el Ayuntamiento y los trabajadores, con la ciudad de sufridora.
Siete años de conflictos que han dejado dos huelgas en diciembre de 2013 y en marzo de 2016 y otras dos que se desconvocaron en el último minuto en febrero de 2012 y marzo de 2013.
Ninguna de ellas sirvió para desbloquear una relación laboral que ha estado enquistada durante esos siete años ante la incapacidad de empresa y comité de negociar una salida aceptable.
En esta situación de conflictividad en estos siete años ha pesado las decisiones judiciales que se han ido conociendo que han ido dando la razón a los trabajadores en su intento de recuperar los derechos sociales y económicos que tenía recortados del convenio vigente, pero que la empresa ha ido recurriendo y alargando esa situación de conflictividad.
Igualmente, el proyecto de municipalizar la empresa sirvió para tensar aún mas la situación al abrirse un frente político donde frente a la decidida voluntad del alcalde de hacer pública la empresa se alzó en contra el resto de su equipo de concejales y a la cabeza de ellos el concejal de Limasa, Raúl Jiménez.
Cambios
Dos decisiones contribuyeron a propiciar el cambio de rumbo. De un lado la decisión del Tribunal Supremo de ratificar una sentencia que reconoce el derecho de los trabajadores a recuperar sus conquistas laborales y la decisión política del alcalde de eliminar el principal escollo para la municipalización en la persona de Raúl Jiménez. Hace un año Francisco de la Torre decide prescindir de Jiménez como concejal de Limasa y en su lugar pone a Francisco de la TorreLimasaTeresa Porras a la que dio dos encargos: abrazar la municipalización y apoyarla e intentar desbloquear el conflicto que enfrentaba a empresa y trabajadores.
Con una posición de fuerza gracias a las decisiones favorables de los tribunales, el comité de empresa también ha dejado a un lado sus posiciones maximalistas y ha adoptado una actitud más pragmática que le ha llevado a conseguir un acuerdo de convenio donde tienen cabida la mayoría de las reclamaciones de la plantilla.
Queda pendiente culminar el proceso de municipalización, que no está totalmente asegurado y el grueso de las reclamaciones económicas por atrasos que se deja al arbitrio de los tribunales, pero un nuevo convenio en la empresa con más conflictividad de la capital asegura que Limasa deja atrás esa larga etapa de enfrentamiento y entra en un periodo de paz social.
