El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) publicó ayer un anuncio de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio por el que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Ayuntamiento de Málaga, ante la Sala de esta jurisdicción en el TSJA, contra el acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 16 de octubre de 2018 por el que se celebró un contrato para la ejecución del proyecto de construcción de prolongación de la línea dos del metro desde el Guadalmedina al Hospital Civil. Más allá de la mera formulación del ofrecimiento a terceros interesados, es destacable que, pese al cambio de gobierno en el Ejecutivo andaluz (PP y Cs con apoyos en Vox), el Consistorio malagueño continúa con su ofensiva judicial.

Es más, el nuevo Gobierno andaluz, presidido por el malagueño Juanma Moreno, ya anunció que estudiaría la prolongación del metro al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en detrimento de su prolongación al Hospital Civil. No en vano, la nueva consejera de Fomento ya habría mantenido contactos con la concesionaria del suburbano y el Banco Europeo de Inversiones para modificar o renegociar el contrato actual consensuando sus términos. El trayecto al hospital quedaría, por tanto, aparcado, según este anuncio de Moreno el pasado mes de febrero, tras reunirse con el alcalde.

El Ejecutivo andaluz autorizó el 16 de octubre de 2018 la contratación de la línea dos desde el Guadalmedina al Civil y el Materno Infantil con un presupuesto de licitación de 41,42 millones de euros, un plazo de ejecución de 24 meses y una previsión de 515 empleos.

Este tramo, expuso la Junta (gobernada entonces por el PSOE) en su momento, está declarado de interés metropolitano y completaría la red conforme la solución consensuada entre la Junta y el Consistorio malagueño en 2013.

Antes, el 1 de junio de 2018, la Junta de Gobierno Local acordó interponer ayer un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la Junta de 5 de diciembre de 2017 por el que se decidió construir efectivamente ese tramo, así como también se ordenó al Consistorio malagueño adaptar a esa nueva realidad ferroviaria su planeamiento urbanístico, la llegada del metro al Civil, que se suma a este segundo contra otra decisión de la Junta socialista. Un informe del Departamento de Planeamiento y Gestión Urbanística de la Gerencia Municipal de Urbanismo consideró que el primero de los acuerdos es «lesivo» para los intereses municipales. Urbanismo ya emitió otros dos informes, fechados el 7 y el 9 de febrero, respectivamente, en los que se ponía de manifiesto que el trazado que contenía el proyecto de construcción no se adecuaba al planeamiento.