Este mandato ha estado caracterizado por una batalla fiscal. Si el PSOE lleva, sobre todo desde la llegada de Daniel Pérez a la portavocía, arremetiendo contra la plusvalía 'mortis causa', el PP y Ciudadanos han hecho lo propio con el Impuesto de Sucesiones, finalmente dejado sin efecto por el nuevo Gobierno de centro derecha de la Junta. Así, a tres días de que empiece la campaña, los populares, que gobiernan en el Ayuntamiento de Málaga, sacaron pecho de los beneficios y exenciones fiscales aplicados durante 2018 (y los expedientes ya solicitados de 2019) para la batería de impuestos municipales. Todas estas bonificaciones fiscales habrían supuesto para los malagueños un ahorro global de 19.358.127 euros.
Estos datos fueron presentados ayer en rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local por el teniente de alcalde de Economía y Hacienda, Carlos Conde y el alcalde, Francisco de la Torre. Así, durante el año pasado, el total de ayudas y beneficios fiscales aplicados a familias malagueñas, pensionistas, desempleados, colectivos en riesgo de exclusión social y pequeñas y medianas empresas (Pymes) de Málaga alcanzaron las 50.519 por un importe superior a los 19,35 millones de euros, destacando los beneficios fiscales y las ayudas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por valor de 13.221.746 euros. A estas cifras, hay que añadir, según explicaron, las reducciones que se aplican anualmente del 45% de la tasa por licencias de apertura de establecimientos, tras la reforma de la ordenanza fiscal número 16 con efecto desde el 1 de enero de 2016. En concreto, durante 2018 ha afectado a 2.700 establecimientos con un importe acumulado de 842.000 euros de bajada.
En cuanto a las ayudas concedidas a colectivos menos favorecidos para el pago de sus recibos del IBI en 2018, se han beneficiado 6.533 familias por un importe total de 830.096,32 euros, siendo el importe medio de la ayuda de 127 euros. Las bonificaciones por familias numerosas han ascendido a 382.746,34 euros para un total de 3.064 familias de esta tipología.
Por colectivos, destacan en primer lugar los pensionistas malagueños, que han recibido el 72,2% del total de las ayudas para el IBI, lo que ha supuesto 599.668,32 euros para 4.796 expedientes concedidos; le siguen los desempleados, con 976 expedientes y 128.837,39 euros de importe; las familias monoparentales con 219 expedientes por valor de 29.677,65 euros y el colectivo de personas con discapacidad o algún tipo de dependencia al que se le han concedido 22.699,92 euros del total de las ayudas.
Ya en 2019, para ayudas al pago del IBI se han presentado 7.788 solicitudes que, según las previsiones de Gestrisam, supondrán 999.674,79 euros de importe. Del total de solicitudes, 1.341 son nuevas con respecto a 2018.
Todos estos datos ponen de manifiesto, según refleja el informe del que dio ayer cuenta Gestrisam en la Junta de Gobierno Local, que el Ayuntamiento, defendió el alcalde, mantiene el apoyo a los colectivos menos favorecidos y a las familias malagueñas con subvenciones del 50% de la deuda tributaria y bonificaciones al IBI, siendo además el de Málaga uno de los ayuntamientos con menor carga fiscal. De hecho, este documento recuerda que la cuota media del IBI de la ciudad es de las más bajas de las capitales de provincia, la más baja de entre todas las grandes capitales de España y también una de las más reducidas de los municipios de provincias, dicha diferencia aumenta con la tasa de recogida o tratamiento de basura doméstica que en la ciudad no se ha implantado, por tanto es de cero euros.
Desde 2001, primer ejercicio de la puesta en marcha del programa de ayudas para el pago del IBI y hasta 2018 se han aplicado 109.335 ayudas y bonificaciones, con un esfuerzo económico de más de 12 millones. El perfil de la persona beneficiaria es el de una mujer de 65 años que vive en la Carretera de Cádiz.
En cuanto a las bonificaciones 'mortis causa' de Plusvalía, el Consistorio ha bonificado desde 2013 a más de 8.000 familias malagueñas por importe de casi siete millones de euros. Además, tras conocer la sentencia del Tribunal Constitucional del 11 de mayo de 2017, el Consistorio mantiene suspendido el cobro hasta conocer la reforma del Gobierno. Desde este momento, se ha dejado de ingresar por parte del Consistorio, hasta el 1 de abril pasado, algo más de 6.000 declaraciones por un importe acumulado de 16 millones.
