Uno de los grandes proyectos urbanísticos de la ciudad, al menos para las en torno a 20.000 personas que se han apuntado a las listas del Instituto Municipal de la Vivienda (IMV) a la espera de recibir una casa digna y al alcance de sus posibilidades, son las 1.001 Viviendas de Protección Oficial que debían completar el desarrollo de la barriada de Soliva en la parcela Oeste de esta zona, después del desarrollo de 1.530 VPO en la parte Este, ya edificadas y habitadas. Sin embargo, este proyecto municipal lleva una década paralizado si se tiene en cuenta que recibió la luz verde de la Comisión de Urbanismo en junio de 2012 y el visto bueno inicial de la Junta de Gobierno Local, en mayo de 2009. Ahora, tras este largo periodo de espera, el Ayuntamiento está negociando con entidades financieras europeas para lograr financiación para estas iniciativas, unas negociaciones que, según el equipo de gobierno del PP, están «avanzadas».

¿Y qué ha pasado para que este proyecto se paralice durante una década, aunque si se tira de hemeroteca el tiempo de congelación es mayor? Eso es lo que preguntó el grupo municipal de IU-Málaga para la Gente (IU-MpG) el pasado 30 de enero. La respuesta viene a ser la que se esperaba: pasó la crisis.

Crisis económica

«Existen un total de 1.001 viviendas protegidas públicas del IMV previstas en distintos proyectos de promociones de viviendas en los suelos que fueron urbanizados hace una década para acoger un nuevo barrio de pisos protegidos, semejante a Soliva, en terrenos situados al oeste de la ampliación del campus universitario de Teatinos», expuso el portavoz de la formación, Eduardo Zorrilla, quien luego hizo esta batería de preguntas: «¿En qué estado se encuentra y cuál es la situación actual de los proyectos para la construcción de varias promociones con 1.001 VPO en la zona de la Universidad? ¿A qué se deben los retrasos en la puesta en marcha del proyecto? ¿Por qué se encuentra paralizada la construcción de estas VPO? ¿Qué previsiones existen para abordar este proyecto en el futuro? ¿Qué dotación presupuestaria ha existido en los últimos años? ¿Por qué no se han ejecutado? ¿Qué dotación presupuestaria existe y previsión para 2019?».

Respuestas

Contestó a todas estas preguntas José María López Cerezo, gerente del IMV, el 27 de febrero. Así, explica que el desarrollo promocional de la Unidad de Ejecución II del SUP-T8 Universidad para construir 1.001 VPO en nueve parcelas independientes se inició una vez que se estaba finalizando «el desarrollo de las 1.530 VPO de Soliva Este y poco antes del estallido de la burbuja inmobiliaria». «Este es un desarrollo mediante Junta de Compensación con otro propietario (Oncisa, de la matriz ONCE), que posee derechos para construir 488 viviendas libres en siete parcelas independientes», añade.

De hecho, los terrenos ya fueron urbanizados. Se comenzó con esta tarea una vez aprobado el correspondiente proyecto de urbanización, en julio de 2009, y se concluyeron los trabajos en julio de 2014. Así, según López Cerezo, los nueve proyectos técnicos de ejecución de las 1.001 VPO ya están aprobados y cuentan con licencia de obra y la calificación provisional de los distintos regímenes de protección. Pero llegó la crisis. Los retrasos se deben «a la desaparición de las ayudas públicas existentes en el origen del proyecto, por la modificación del marco legal de referencia tanto a nivel autonómico como estatal y a la constricción del mercado bancario, que restringió enormemente la disponibilidad del préstamo necesario para la promoción de viviendas protegidas. Ambas circunstancias sobrevenidas hicieron inviable la promoción en las condiciones señaladas».

120 millones de inversión

El millar de pisos protegidos requiere de una inversión cercana a los 120 millones de euros, «lo que es inviable para este Ayuntamiento si no se cuenta con ayudas autonómicas y estatales». Por eso, se está negociando con «las entidades financieras europeas que aportaran en su caso un porcentaje muy importante del préstamo necesario», negociaciones muy «avanzadas». Pero, por otro lado, «deben convocarse ayudas públicas suficientes» como para que la operación propuesta sea viable, explica el gerente del IMV.

En el presupuesto de 2017, añade López Cerezo, se incluyó como inversión la cantidad de 1.285.632,56 euros para iniciar «la ejecución en las parcelas R1, R3 y R5 del sector de referencia; en el presupuesto de 2018, no se incluía cantidad alguna para esta promoción, ya que conocíamos que la Junta de Andalucía no iba a convocar ninguna ayuda pública, como sí se anunció en el ejercicio 2017».

¿Por qué no se han ejecutado, por tanto, estas viviendas?, insistía IU-MpG. «Las argumentaciones son las ya señaladas de desaparición de las ayudas públicas a la promoción y de constricción del mercado financiero de préstamos a la promoción de viviendas». En relación al ejercicio 2019, no se puede concretar qué partida económica se ha previsto para esta iniciativa constructiva porque está en redacción el proyecto de presupuestos, que, por cierto, no se ha aprobado después de la ruptura del pacto de investidura entre PP y Ciudadanos y ya no habrá cuentas hasta que pasen las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Todo queda pendiente de lo que haga y quién conforme el nuevo equipo de gobierno en el Ayuntamiento.